La compañía solicitó a la Xunta en 2017 que devolviese las concesiones hidroeléctricas a su régimen original - que no impedía la segregación de esos activos de las fábricas de ferroaleaciones – para asegurar la viabilidad de sus planes de crecimiento en Galicia, notablemente los del desarrollo de una fábrica de silicio solar en Arteixo, que ha quedado suspendido. La negativa de Augas de Galicia se conoció formalmente el 26 de julio de 2017, y la de la Consellería de Medio Ambiente al recurso de alzada,  el 12 de diciembre pasado.

Agotada la vía administrativa, Ferroglobe ha decidido recurrir la decisión de la Xunta al Tribunal Superior para hacer valer sus derechos. Según dos catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago, José Luis Carro Fernández-Valmayor y Luis Míguez Macho, consultados por Ferroatlántica, la Administración gallega carecía de base jurídica para negarse a la petición de la compañía, de manera que, al hacerlo, incurrió en una arbitrariedad. En su opinión, la desestimación es "flagrantemente contraria a Derecho al vulnerar la libertad de empresa y el principio de interdicción de los poderes públicos", señala la empresa del grupo Villar Mir en un comunicado.

La compañía sostiene además que la negativa a segregar la actividad hidroeléctrica de la de ferroaleaciones no se atiene, por anacrónica, a la realidad industrial de la empresa, "ya que la viabilidad futura de las fábricas no depende en nada del negocio hidroeléctrico de las centrales".