La Xunta informó este miércoles a los alcaldes de la comarca de la Costa da Morte y a los representantes de los trabajadores en las fábricas de Ferroatlántica en Galicia de la decisión de denegar la solicitud presentada por la compañía. Tras evaluar al por menor la documentación, se dictaminó que la solicitud "no cumplía con los requisitos necesarios que fija la legislación para eliminar la condición esencial prevista en la concesión, que consiste fundamentalmente en garantizar el mantenimiento de la actividad industrial", señala en un comunicado.

El Gobierno gallego, a través de Augas de Galicia, asegura así con esta decisión que está cumpliendo los compromisos adquiridos desde el primer momento y sin variar su posicionamiento: "estar del lado de la ley, respetando el principio de legalidad; y salvaguardar el interés público de la concesión, que en este caso en concreto está determinado por la continuidad de la actividad industrial en la comarca de la Costa da Morte".

La resolución autónomica, amparada por el informe de la Asesoría Jurídica de la Xunta, señala que a través del proceso planteado por la empresa "no se dan las condiciones necesarias ni se cumplen los requisitos legales para suprimir la condición actualmente vigente en la concesión, que tiene por finalidad garantizar el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo en la Comunidad, por lo que carece de las condiciones que establece la propia concesión de velar por el interés público".

La resolución tuvo en cuenta además la argumentación presentada tanto por la empresa como por los representantes de los trabajadores en las últimas semanas, cuando el expediente se encontraba en la fase final de su tramitación. La Administración autonómica evaluó al por menor estos alegatos, actuando con la máxima responsabilidad y siendo lo más garantista posible durante todo el procedimiento.

Valoración del comité de empresa de Ferroatlántica

Conocida por el conselleiro de Economía la decisión de la Xunta de no autorizar la segregación de actividades y por tanto la venta de las centrales de Cee-Dumbría, el comité de empresa de Ferroatlántica señalaba en un comunicado que "esta noticia vén dar á razón aos argumentos defendidos polos traballadores e traballadoras que, dende hai dez meses, están desenvolvendo unha loita histórica contra a espoliación dos nosos recursos, en defensa dos empregos e o futuro da comarca".

Para la representación de los trabajadores, la negativa de Augas de Galicia a autorizar la segregación "confirma que as pretensións do Grupo Villar Mir son ilegais, por máis que a empresa buscara lexitimar social e xuridicamente esta operación, recorrendo mesmo a prácticas de tipo mafioso". "Non é posíbel, e así o defendemos dende o primeiro momento, desvincular a  produción enerxética da produción de ferroaliaxes, pois esta unidade é a única garantía do interese público: do mantemento dos empregos, da industrialización da comarca e da actividade nas factorías de Cee e Dumbría", añade el comunicado del comité de empresa. 

 A la espera de conocer los pormenores de la resolución de Augas de Galicia, el comité espera que esta resolución "aclare definitivamente que non existe marco legal para que a empresa poida levar adiante a segregación de actividades".

Ferroatlántica recurrirá

Nada más conocer la decisión de la Xunta, la empresa emitió un comunicado en el que anuncia que recurrirá la decisión, primero ante la Administración autonómica, y luego ante la jurisdición contencioso-administrativa, al considerarla "contraria a Derecho". Ferroatlántica considera que la claúsula que impide la segregación "constituye una disposición ilegal, además de no atenerse, por anacrónica, a la realidad industrial de la compañía, y de tratarse de un ejemplo de discriminación en el libre ejercicio de la actividad económica".

Además, Ferroatlántica añade que la resolución de la Xunta impide la realización de su plan industrial, que preveía la inversión de 100 millones de euros y la creación de 200 puestos de trabajo directos y otros 300 indirectos en Sabón, Cee y Dumbría. La negativa aborta también la implantación en Galicia de la planta de fabricación de silicio solar, "que ahora tendrá que replantearse en cuanto a tamaño y alcance y deberá buscar nueva localización allá donde las condiciones económicas, industriales y sociales sean más favorables".

Señala también la empresa del grupo Villar Mir que la negativa de la Xunta a sus planes supondrá la "la precarización de los 533 empleos actuales en las centrales hidroeléctricas y en las fábricas de Cee, Dumbría y Sabón, dado que las plantillas no tendrán ninguna garantía de estabilidad", frente a la que la empresa ofrecía en su Plan de Futuro.