En el acuerdo, firmado en León por los presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, del Principado de Asturias, Javier Fernández, de Aragón, Javier Lambán, y de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se transmite al Gobierno de España la “necesidad perentoria de defender como prioritaria la definición del nuevo modelo de financiación autonómica”, una cuestión que debe abordarse “de forma inmediata” para poder garantizar la prestación de los servicios fundamentales por parte de las comunidades autónomas.

Las cuatro autonomías, aunque gobernadas por partidos políticos diferentes –dos por el PP, Galicia y Castilla y León, y dos por el PSOE, Asturias y Aragón- comparten “intereses comunes, fruto de sus características socioeconómicas, de su relación de vecindad y de sus profundos vínculos históricos”.

Por ello, las cuatro comunidades instan a avanzar en una propuesta de modelo de financiación en el cual se tengan en cuenta “las particularidades, necesidades y posiciones” de todas las Administraciones afectadas.  En todo caso, consideran que el nuevo modelo de financiación autonómica debe ser “el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.

Asimismo, la nueva financiación debe garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las autonomías “con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios”.  También ha de corregir los déficits de financiación en los servicios que presenta el modelo vigente, “dotando al sistema de mayores recursos”, y potenciar, al mismo tiempo, el principio de suficiencia, “garantizando que las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos precisos para financiar el total de los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro”.

El documento también reclama que se defina un sistema de nivelación total, que garantice la suficiencia para todos los servicios asumidos. “Para ello existirá un catálogo de servicios, cuya financiación esté asegurada a través de los recursos que el sistema atribuye a las Comunidades Autónomas”, apunta el texto.

Además, se incorporará la cláusula tradicional en todas las reformas del sistema de financiación, conforme a la cual ninguna Comunidad Autónoma empeora su posición financiera como consecuencia de la reforma.

Las cuatro comunidades coinciden en que para determinar los costes de los servicios deben tenerse en cuenta “en mayor medida, variables tales como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, entre otros”, características que comparten los cuatro territorios.

Prosigue la declaración institucional indicando que la evaluación de las necesidades reales se realizará de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales, y se evaluará de forma diferenciada el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia, y de forma especial el déficit en la financiación del gasto sanitario y la dinámica de crecimiento de este gasto.

Se reclama también que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta criterios “que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas, así como garantizar un desarrollo económico sostenible e integrado para todos”. Y se pide que se potencien las políticas de desarrollo regional y, en concreto, el Fondo de Compensación Interterritorial.

También aluden a la “plena efectividad del principio de lealtad institucional, que impida que decisiones del Estado afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios”, por lo que demandan que éstas sean compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse.

Regulación de la recaudación y los tributos cedidos

La declaración también reclama una redefinición de la recaudación normativa “de modo que se garantice que a cada territorio se le imputan los recursos que le corresponden”, y que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de su autonomía financiera, “asuman la plena responsabilidad de los incrementos y disminuciones de recaudación que sean consecuencia del ejercicio de su capacidad normativa”. En este sentido, debería impulsarse una ordenación sobre unas bases comunes de la regulación de los tributos cedidos (como ya sucede con el IRPF), garantizando una recaudación homogénea en todo el territorio “que sirva como elemento de apoyo a las necesidades de gasto y fomente la corresponsabilidad fiscal”.

Finalmente, consideran que la reforma del sistema de financiación deberá abordar la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas bajo las premisas de que las diferencias en el volumen de deuda acumulada “no se corresponden con una eventual mejor o peor financiación relativa asignada por el actual sistema” y que las medidas que se adopten deberán respetar “una igualdad de trato” entre todas las comunidades.