Jorge Cebreiros afirmó que desde la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) son especialmente críticos con las decisiones que está tomando el Gobierno, ya que las diferentes resoluciones y decretos “generan incertidumbre e inseguridad jurídica entre los empresarios”. Cebreiros niega ser pesimista, “pero los datos que nos están llegando no nos están haciendo pensar en un escenario leve”. Además, Cebreiros considera que el Gobierno ha “criminalizado” a los empresarios, señalándolos como "los culpables del covid-19 y de los despidos producidos”.

El presidente de la CEP explicó el escenario económico existente en Galicia antes del coronavirus: “teníamos 247.000 empresas en noviembre 2019: 156.000 autónomos, 1.020.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social y una tasa de paro en torno al 11,8%”.

Sobre la provincia de Pontevedra afirmó que la existencia de la Zona Franca sumada a los tres puertos de interés general del Estado y la proximidad a Portugal, “nos coloca entre la 8ª y 10ª provincia exportadora en España”. Por su parte, la provincia de A Coruña “ocupa entre la 4ª y la 5ª posición”, un dato en el que es muy significativo la presencia de Inditex en Arteixo. El presidente de la CEP concluyó que “entre Pontevedra y A Coruña representamos el 78% del PIB gallego y entre el 5 y 6,5% del territorio español. Galicia cuenta con sectores estratégicos: como el del automóvil con PSA o el de la industria textil con Inditex. Además, es potente el sector auxiliar del automóvil y la internacionalización en pesca, piedra, sector aeronáutico y sector naval”.

Centrándose en el escenario actual, Cebreiros comentó que el mes de marzo cerró con 3.700 empresas en ERTE en Galicia por fuerza mayor, bien porque han sido obligadas a cerrar o bien porque sus ingresos descendieron un 75%. Por otro lado, según esos datos, 205.000 trabajadores gallegos están afectados por un ERTE y 42.000 autónomos han pedido cese de actividad.

En cuanto a las previsiones de futuro que hace la CEP,  la confederación atisba un escenario realmente malo: “una caída en torno al 10% PIB, inflación contenida por la caída de precios, caída del consumo, caída del nivel adquisitivo de los trabajadores, endeudamiento de España en torno al 110% del PIB… Esta situación no tiene nada que ver con la crisis de 2008; va a haber que afrontar una subida de impuestos para implementar nuevas medidas en el ámbito de la sanidad”.

Los ERTEs podrían resultar "una trampa"

Adolfo Campos, director de Inade y moderador de la reunión, preguntó a Jorge Cebreiros su opinión sobre los ERTEs, teniendo en cuenta la prohibición de reestructurar la plantilla durante seis meses una vez levantado el estado de alarma. El presidente de la CEP respondió que “puede resultar una trampa para los empresarios porque no se han dictado los detalles. Los empresarios estamos pidiendo que los ERTEs se prorroguen más allá del estado de alarma, porque los empresarios no pueden garantizar la reanudación de la actividad económica al día siguiente del levantamiento de las medidas”.

Con respecto a los autónomos, Jorge Cebreiros apuntó que “desgraciadamente estamos valorando que hasta 800.000 autónomos en España que no regresen a su actividad una vez finalizado este periodo, con una parte proporcional en Galicia del 5-6%. En España 1.300.000 autónomos están afectados por el cese temporal de la actividad, esto puede ser solución para algún autónomo, pero no para los que tengan varios trabajadores a su cargo. A estas alturas, 42.0000 ya han pedido el cese definitivo de su actividad”.

Financiación

Cambiando de tema, Adolfo Campos le preguntó si realmente está llegando el dinero de los créditos ICO a las empresas que tienen necesidad, a lo que respondió que “del primer tramo dirigido a pymes, que fueron 20.000 millones, 10.000 millones se habían consumido antes de ser firmado el contrato entre entidades e ICO”. Esto demuestra que las entidades han sido agresivas, buscando nuevos clientes, cuando en teoría el objeto de estos préstamos era avalar soluciones coyunturales generadas por el covid-19 a clientes preexistentes.

Cebreiros añadió que el trámite administrativo es pesado: “Nos estamos encontrando es que el dinero ha llegado con cuentagotas y, el grave problema, es que los empresarios han ido avalando con sus bienes lo que no avala el crédito ICO y esto supone que tengan dificultades para hacer frente a sus obligaciones personales, como alquileres, facturas, etc”. Con respecto a posibles malas praxis ejercida por las entidades financieras respecto a la venta cruzada, desde la CEP insisten en que “si son conocedores de estas prácticas, nos lo comuniquen y será denunciado”.

Demandas a las administraciones

Para finalizar, el presidente de la CEP hizo una serie de peticiones a las administraciones públicas gallegas, empezando por las locales, a las que pide “sensibilidad con aquellas empresas que están a pie de calle. El sector de ocio turístico está fundamentalmente afectado, por lo que solicitamos ser sensible con los impuestos locales: lixo, IBI, IAE”. La misma sensibilidad piden a las diputaciones para aquellos ámbitos que no tengan competencia los ayuntamientos. Su petición al gobierno gallego se limita al ámbito sanitario: “que se doten del material sanitario necesario para garantizar la reescalada y que complementen las medidas económicas del Gobierno, por ejemplo, completando el porcentaje que no cubren los créditos ICO del gobierno”.