“A las empresas de la provincia nos falta información, especialmente en lo relacionado con los nuevos sistemas de comunicación electrónica. Es por ello que desde la Confederación pondremos en marcha un ciclo de jornadas formativas para dar a conocer el alcance de este nuevo paso, necesario e imprescindible, para modernizar y eliminar el papel en los procesos administrativos”, señala el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros. Para poder impartir dichas jornadas, la Confederación solicitará la colaboración de las áreas de sistemas informáticos de las distintas administraciones.

La nueva normativa impone, definitivamente, la obligación de relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos. La excepción se reduce a las personas físicas que no sean profesionales, que podrán seguir haciéndolo de forma presencial.

Entre las novedades que destaca la CEP está la pretensión de fomentar una mayor implicación y participación de las empresas, incluyendo de forma expresa, como principal novedad, la necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de cualquier norma, su opinión acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa legislativa de que se trate, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos y las posibles alternativas de regulación.

Otra importante novedad, también positiva a criterio de la Confederación, por dar mayor flexibilidad, es que se introduce el cómputo por horas. Esto implica que las 24 horas del día se declaran hábiles a efectos administrativos, de lunes a viernes. Esta modificación está estrechamente ligadas a las nuevas posibilidades que ofrece la comunicación empresa-administración por medios electrónicos. Por el contrario, los sábados se declaran inhábiles, con el objetivo de unificar el cómputo de plazos en el ámbito judicial y administrativo.

Otro aspecto positivo es la intención de agilizar en vía administrativa los trámites de aquellos procedimientos que se consideran más sencillos (fijando un plazo máximo de resolución de 30 días) o la supresión de las reclamaciones previas en vía civil o laboral.

Finalmente, en el marco de las relaciones económicas y empresariales con la Unión Europea, la Confederación destaca el reconocimiento del derecho del empresario a ser indemnizado en caso de que se sufran daños derivados de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea (siempre que cumplan unos requisitos determinados).