Las actuaciones llevadas a cabo por UFD se saldaron con la apertura de casi 3.000 expedientes por fraude en Galicia, más del doble que la cifra registrada el año anterior.

En el conjunto de las regiones en las que opera UFD, el año pasado la compañía realizó más de 44.000 actuaciones contra el fraude eléctrico que se saldaron con la apertura de más de 12.400 expedientes. Madrid registró el mayor número de casos con un total de 6.450 expedientes, seguida de Galicia (3.000), Castilla-La Mancha (2.750) y Castilla y León (250).

Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 168 dispositivos indoor realizados en dichas regiones, la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 5 GWh, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.600 viviendas. Un 5% de estas operaciones se llevaron a cabo en Galicia.

El objetivo de UFD en su lucha contra el fraude es prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y reducir el coste para el sistema eléctrico que asumen el resto de los clientes a través de su factura. Según algunas estimaciones, este coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales.

Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como a las que conviven con ella y a sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera.

El fraude eléctrico representa un quebranto económico para el sistema eléctrico, ya que según la normativa en vigor el coste de la energía defraudada termina recayendo en el conjunto de los usuarios conectados legalmente a la red. “El incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias muy diversas. Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y de sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico para todos los consumidores y acaba suponiendo un coste para el conjunto del sistema eléctrico, por lo que en UFD estamos comprometidos en la lucha para su detección y erradicación”, explica Mónica Puente, directora de UFD.

Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica, y desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado a un ritmo aún más elevado que en el periodo citado.