“Es una reforma largamente deseada de una ley relevante y conflictiva que tuvo más de 600 enmiendas. Debe recordarse que es consecuencia de una trasposición obligada de una norma europea del 2019. Llega tarde para muchas pequeñas y medianas empresas, incluso microempresas, que hubieran podido beneficiarse de su nuevo enfoque preventivo, pero somos conscientes de que la pandemia forzó, de alguna manera, este retraso”, reconoce Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra( (CEP).

Al revisar a fondo el sistema de insolvencia, en particular los instrumentos preconcursales, y aunada a la Ley de Segunda Oportunidad, puede dar lugar a que se revierta la actual tendencia de liquidación del 95% de las empresas que entran en concurso de acreedores, llegando al cierre y a la pérdida de los puestos de trabajo, una erosión del tejido empresarial que repercute negativa y directamente en toda la economía.

En el aspecto preventivo, la revisión de la norma implica que antes de que el empresario llegue a la insolvencia tenga mecanismos que le ayuden a remontar sus dificultades financieras y a llevar a cabo una reestructuración, de ser necesario, e incrementa los mecanismos de negociación entre deudor y acreedores, algo especialmente importante, razona Cebreiros.

La reforma tiene una clara intención de definir y rectificar las insolvencias antes de que no haya punto de retorno y se llegue al extremo de presentar concurso de acreedores, es decir, de adecuar el estado financiero a la realidad, atajando la insolvencia a medio o largo plazo, de manera que autónomos y microempresas no vean su patrimonio personal perjudicado, dejado al margen de la liquidación su vivienda, por ejemplo.

En este sentido, Jorge Cebreiros defiende que ningún emprendedor quiere fracasar y quebrar, porque esta sociedad no admite el fracaso. “De alguna manera, la Ley de Segunda Oportunidad nace precisamente para impedir que pierda todo su patrimonio personal en un proyecto. En los dos últimos años ha sido así”, expone.

El principal inconveniente que persiste en la nueva redacción de la norma, a juicio del empresariado pontevedrés, es que se puedan derivar con cláusulas de arrastre las responsabilidades a socios y administradores de la sociedad deudora. “Ahora mismo esto no debería ser así porque hay muchas pequeñas empresas que son familiares, con hijos que tienen pequeñas participaciones y pueden ver perjudicado su patrimonio”, alega.

A esta circunstancia se suma que los juzgados de lo Mercantil vienen sufriendo un considerable atasco desde hace ya algunos ejercicios, por lo que desde la CEP esperan que esta norma y la Ley de la Segunda Oportunidad agilicen los procesos concursales ya en curso y sirvan también para evitar, de nuevo haciendo hincapié en el espíritu preventivo de la reforma, el incremento de casos, resume Cebreiros. 

Queda camino por recorrer, advierten desde la CEP, porque sigue sin aclararse qué sucede en el caso de las deudas con las diferentes administraciones públicas, que mantienen un privilegio que los expertos califican de exagerado. “Tal y como ha quedado redactada la reforma no queda claro qué ocurre con quienes se acogen a la exoneración del crédito público por las deudas que puedan tener contraídas y si esto podría limitar o impedir el derecho a la segunda oportunidad”, subraya el presidente de la CEP.

Incertidumbre otoñal

El presidente de los empresarios pontevedreses admite que a corto plazo, el horizonte económico es poco halagüeño para el tejido empresarial. No sería de extrañar, reflexiona, que comenzaran a producirse situaciones de insolvencias, impagos y un incremento de la morosidad.

“Hay mucha preocupación entre los empresarios. Las empresas vienen de dos años de fuerte endeudamiento para salir al paso de las dificultades surgidas durante e inmediatamente después de la pandemia del COVID-19, de modo que llueve sobre mojado: no podremos achacar que todos los problemas que puedan surgir a corto y medio plazo se deban a una mala Ley Concursal o a una tardía revisión de la misma”, admite.

El incremento imparable de los costes energéticos, la imprevisible marcha de la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación descontrolada, la subida de los tipos de interés y la consecuente dificultad para acceder al crédito por parte de empresas y ciudadanos... todo ello es un cóctel que echa por tierra cualquier previsión y que, lamentablemente, anuncia dificultades, enumeran desde la Confederación.