En esta reunión participaron el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), Antonio Fontenla; el director xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia, José Tronchoni; y el presidente de la Corte Arbitral, Jaime Rodríguez Arana.

En su intervención, el presidente de la CEC reivindicó el arbitraje como “una solución rápida, segura, equilibrada y justa, que resuelve con solvencia técnica y celeridad los conflictos empresariales”. “Frente al arbitraje, la judicialización de las controversias multiplica los tiempos, los gastos y la incertidumbre, un factor que para las empresas es un impedimento claro para su desarrollo”. En este sentido, se mostró convencido de que “fomentando el arbitraje estamos fomentando también la competitividad empresarial”, añadió Antonio Fontenla.

Por ello, el presidente de los empresarios coruñeses se marcó la promoción del arbitraje como una prioridad para el nuevo año, porque “no se entiende que sea un recurso todavía tan desconocido para las empresas”. “A pesar del impulso que ha supuesto la aprobación de la vigente Ley de Arbitraje en 2003, España no está, ni mucho menos, entre los primeros países en número de arbitrajes empresariales. Sí lo están las principales economías mundiales”, recalcó.

Para salvar la brecha, llamó a la colaboración de todas las instituciones en el fomento de este recurso para que sea la vía prioritaria en la resolución de los conflictos mercantiles para las empresas. “El hecho de que el arbitraje continúe desarrollándose en nuestro país depende fundamentalmente de la buena actuación de las instituciones españolas de arbitraje y de los árbitros”, a los que reclamó “ser ejemplares” para así “acreditar el arbitraje, conquistando para él un nivel de confianza comparable con la justicia ordinaria”. “Sólo se optará más por el arbitraje en la medida en que todas las personas e instituciones que estamos implicadas asumamos un compromiso firme con esta vía. De lo contrario, seguiremos sobrecargando a la justicia y perdiendo competitividad por el camino”, concluyó.

Compromiso de la Xunta

En este punto coincidió el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, que durante su participación en este acto defendió “tanto el arbitraje como la mediación intrajudicial como vías alternativas y complementarias para la resolución de conflictos judiciales”.

Tronchoni recordó que el Gobierno gallego apuesta desde 2009 por facilitar a la ciudadanía soluciones idóneas en la resolución de controversias al margen de la vía judicial. “Para alcanzar este objetivo es fundamental la coordinación entre instituciones, así como el compromiso que en estos años adquirieron en este ámbito profesionales de la Administración de justicia como miembros de la carrera judicial, fiscales, letrados, abogados y procuradores”, explicó.

“De este modo, la Xunta implantó en los últimos años la mediación intrajudicial familiar en todas las ciudades gallegas, así como otros proyectos de mediación en el ámbito civil y mercantil y en el ámbito penitenciario. Este impulso seguirá en el 2023, con una aportación de 125.000 euros”, dijo.

El director general de Justicia subrayó que “el arbitraje es un auténtico equivalente jurisdiccional, que cumple con todas las exigencias de la tutela efectiva y que, mediante árbitros especializados en la materia, da respuesta a controversias en un plazo relativamente breve, con menor coste y garantizando la confidencialidad de las partes”.

Juristas con alta especialización

En la misma línea se pronunció el presidente de la Corte Arbitral del Noroeste, Jaime Rodríguez Arana, que manifestó que “las relaciones empresariales son cada vez más complejas y técnicas, y hacen falta juristas que podamos colaborar para que estos conflictos se puedan resolver en derecho”. En este sentido, señaló que el arbitraje responde a una doble cuestión: por un lado la necesidad de agilidad y, por otro, que los conflictos se resuelvan por personas con conocimientos acreditados que dominen esos sectores”. Así, aseguró que “en la Corte Arbitral del Noroeste hay un conjunto de magníficos profesionales especialistas en distintas ramas del derecho mercantil, civil, tributario y público, que están en las mejores condiciones posibles para atender estos estos conflictos”.

Sobre la Corte Arbitral del Noroeste

La Corte Arbitral del Noroeste es una herramienta rápida y eficaz en la resolución de conflictos, como alternativa a la justicia ordinaria. Este servicio de la CEC administra los arbitrajes que se le sometan, sean de carácter nacional o internacional, con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente en dicha materia.

La Corte Arbitral del Noroeste, que nació en el año 2009 de la mano de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, alcanzó con su integración en la CEC un marco más amplio de actuación, pasando a tener alcance provincial, con lo que todas empresas de A Coruña pueden hacer uso de este servicio.

El plenario de la Corte está formado por 16 árbitros, profesionales de reconocido prestigio que garantizan la calidad y seguridad jurídica de los laudos emitidos.

Las empresas que quieran acogerse a este sistema deben presentar su solicitud ante la Secretaría General de la Corte Arbitral del Noroeste. Una vez aceptado el arbitraje, el Comité Permanente de la Corte podrá convocar a las partes a una comparecencia con el objeto de tratar todas las cuestiones necesarias para la tramitación del arbitraje. Y el plazo para dictar laudo será dentro de los seis meses siguientes a la fecha de contestación presentada por la parte demandada.