En el webinar participaron Marina Graña, secretaria general de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), y Laura Casal, directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh, entidad colaboradora en esta sesión informativa.

Con la aprobación de la nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las empresas de 50 o más empleados y las organizaciones empresariales que reciban o gestionen fondos públicos están obligadas a implementar canales de denuncias.

Según expuso la directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh, Laura Casal, “esta Ley tiene como objetivo proteger a todas las personas que denuncien cualquier infracción penal, administrativa grave o muy grave, de seguridad y salud laboral y del Derecho de la Unión Europea, mediante el establecimiento de estos Sistemas Internos de Información protegidos y la prohibición de cualquier represalia contra ellos”. En este sentido, recordó que “no disponer de un canal de denuncias interno puede ser sancionado con multas de hasta 1 millón euros a partir del 13 de junio de 2023, para las empresas de 250 o más empleados, y del 1 de diciembre, para las empresas entre 50 y 249 empleados”.

Programas de compliance

En su intervención, Laura Casal destacó también la creciente importancia que tiene para las empresas y organizaciones empresariales contar con un programa de compliance. “Estos programas de prevención de delitos corporativos son modelos de control y gestión que las personas jurídicas implementan con el fin de prevenir, detectar y corregir posibles riesgos penales”, explicó.

“En la actualidad es preceptivo contar con este tipo de programas para acceder a determinadas subvenciones o ayudas públicas financiadas con Fondos Europeos Next Generation”, detalló Casal, que también indicó que “se está incluyendo su tenencia en la contratación con entidades y organizaciones del sector público o en procesos privados de homologación/evaluación de proveedores y clientes”.

Además, en la jornada se abordaron las novedades normativas que afectan a los planes de compliance como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, y la Ley Orgánica 3/2023 en materia de maltrato animal. Estas nuevas normas implican “la incorporación de los delitos de acoso moral, acoso sexual y los delitos contra los animales al catálogo de delitos atribuibles a las personas jurídicas (empresas y organizaciones), obligando a actualizar los programas de compliance”, según detalló Casal.

El objetivo de la CEC con esta jornada es mantener informado al empresariado coruñés de todas aquellas novedades y cuestiones que afectan a su actividad, con el fin de adaptarse a los nuevos requerimientos normativos de manera satisfactoria y evitar sanciones.