La Consellería de Economía, Emprego e Industria destina a este programa cerca de 48 millones de euros, un 13,4% más que en la convocatoria anterior.

Como novedades de esta convocatoria, los alumnos podrán, por primera vez y a través del portal de Empleo de la Administración autonómica, escoger el centro y la acción formativa que se impartirá en empresas, entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos, que son los adjudicatarios de las ayudas de la Consellería. Además, los centros tendrán la posibilidad de seleccionar directamente el alumnado. Hasta ahora la elección sólo correspondía al Servicio Público de Empleo de Galicia.

También tendrán por primera vez la posibilidad de conocer el coste del curso que van a realizar, y que la Xunta sufraga al 100%. Las acciones formativas tendrán un coste por alumno de entre 266 y 6.491 euros.

La persona desempleada podrá obtener en la web toda la información sobre el curso que le interesa: la fecha prevista de inicio, el horario, el lugar donde se imparte y los datos de contacto de la entidad, así como la posibilidad de solicitar preinscripción. La formación permitirá acceder a certificados de profesionalidad con validez en todo el Estado y será acorde a las necesidades que demanda el tejido empresarial.

Se ofertan cursos en las cuatro provincias gallegas y en los principales sectores de la economía gallega, como son el metal y naval, las TIC, la automoción, el comercio y márketing, la construcción, el turismo y la hostelería, el transporte, la sanidad, los servicios sociales, la seguridad y el ambiente, el ámbito agrario, las actividades deportivas o la industria alimentaria, entre otros.  La duración media de cada curso es de seis meses.

Inserción laboral
El objetivo del Plan de formación 2018-2019 es facilitar el acceso al mercado laboral de las personas desempleadas, a través de un tipo de acciones formativas que alcanzan de media una inserción laboral próxima al 60%. En la selección del alumnado tendrán preferencia las mujeres, parados de larga duración, menores de 30 años, emigrantes retornados, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, alumnos con baja calificación o personas que tengan superados uno o varios módulos de un certificado de profesionalidad o que obtuvieran certificados parciales.