La primera se refiere a la propia obra, con el ánimo de que durante la ejecución de la misma esté cubierta frente a los riesgos a los que está expuesta. Para ello, antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución, el contratista deberá haber suscrito un seguro a todo riesgo de construcción fijando como suma asegurada el importe de la adjudicación, excluido el IVA. Antes de suscribir el acta de comprobación del replanteo, la Xunta de Galicia verificará el cumplimiento de esta obligación.

La otra garantía exigida se refiere a los posibles daños a terceros, para lo que se exigirá a los contratistas la suscripción de un seguro de responsabilidad civil que deberá incluir -al menos- la cobertura de los riesgos de explotación, patronal, cruzada y trabajos terminados. Para esta garantía se fijan dos cuantías de suma asegurada en función del presupuesto de licitación: un límite mínimo por siniestro de un millón de euros para obras de presupuesto de licitación igual o inferior a diez millones, y un límite mínimo por siniestro de tres millones para obras de presupuesto de licitación superior a diez millones.

Las nuevas condiciones también serán de aplicación en caso de que el adjudicatario sea una UTE. En este caso, el seguro suscrito será exigido a la UTE o todas las empresas que la compongan y a cada una de ellas.

La Axencia Galega de Infraestructuras ha sido el primer departamento público que ha puesto en marcha estas medidas, por lo que este organismo deberá figurar en los contratos como asegurado adicional, sin perder su condición de tercero. 

Este cambio de tendencia del Gobierno gallego es fruto de las gestiones realizadas por Fundación Inade durante el mes de abril ante la Xunta de Galicia, a raíz de una propuesta de su Círculo de Confianza y que han sido canalizadas a través del vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, en colaboración con el Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros del organismo autonómico. Esta misma petición fue formulada públicamente por el director de Fundación Inade, Adolfo Campos, al conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en el transcurro de la ceremonia de entrega de los Premios Galicia Segura el pasado mayo.

Valoración

Fundación Inade confía en el que marco descrito sea también incorporado por otras administraciones públicas, en especial por las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, para lo que se han iniciado al efecto gestiones ante la FEGAMP.

Para Adolfo Campos, “el objetivo es lograr que las obras que se promuevan desde las Administraciones Públicas, sean más seguras y que la manifestación de un riesgo no suponga la paralización de una 

obra adjudicada”.