El Tribunal de Cuentas ha hecho público su “Informe de fiscalización de la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público del sistema portuario estatal, ejercicios 2014 y 2015”, una fiscalización que abarca a las 28 autoridades portuarias que componen el sistema.

El informe indica que las inversiones del sistema portuario estatal -que, entre 2006 y 2015, ascendieron a 7.560 millones de euros- han producido un aumento de la superficie concesionable del conjunto del sistema portuario de más de 25 millones de metros cuadrados. Sin embargo, el incremento de las inversiones en infraestructura portuaria no ha estado acompañado de un aumento de la actividad concesional, lo que ha conducido a una disminución del grado de ocupación del sistema portuario estatal pasando del 74,86%, de 2008, al 61,11% de 2015. Este descenso ha sido especialmente relevante en el caso de la Autoridad Portuaria de A Coruña (70%), señala el Tribunal de Cuentas.

En cuanto a la ocupación de las Autoridades Portuarias analizadas, destaca el bajo grado de ocupación de la de A Coruña a 31 de diciembre de 2015 (el 28,28%), consecuencia, fundamentalmente, de la finalización y puesta en explotación de las obras del Puerto Exterior de Langosteira en 2012. Pese a este dato, el Tribunal de Cuentas reconoce el incremento de actividad en Punta Langosteira desde entonces: “Ahora bien, desde el ejercicio 2012, primer año de la operatividad del Puerto Exterior hasta 2016, se va produciendo un acrecentamiento de la actividad del nuevo puerto traducido en un incremento en el porcentaje de utilización del muelle del Puerto Exterior sobre la totalidad de los muelles, con un aumento del 6,5% al 9,3% entre 2015 y 2016, así como en un aumento de la superficie concesionada del Puerto Exterior que pasó de 3.848 metros cuadrados en 2012 hasta 132.876 metros cuadrados en 2016”.

Desde la Autoridad Portuaria de A Coruña recalcan que estos datos continúan con su evolución positiva y que, en cuanto a tráficos, el Puerto Exterior superará un crecimiento del 100% en dos años, al pasar de las 952.551 toneladas de 2015 a las más de 2 millones con que se cerrará 2017. Desde la Autoridad Portuaria se recalca que la superficie total concesionada y en tramitación en Punta Langosteira es de 266.364 metros cuadrados, en solo cinco años de actividad del nuevo puerto.

“Esta positiva evolución de los tráficos y las concesiones responde a la adecuada operatividad que muestra la dársena de Langosteira, refrendada por la confianza de los operadores, con una inversión privada ya realizada o comprometida que se acerca a 200 millones de euros”, subrayan desde el ente que preside Enrique Losada.

El Tribunal de Cuentas apunta asimismo en su informe que "los motivos que llevaron en su momento a decidir la conveniencia de construir un nuevo puerto en una ubicación exterior a la ciudad fueron la ocupación portuaria prácticamente al 100% del puerto interior y, sobre todo, la eliminación de los riesgos medioambientales y de seguridad derivados de la manipulación y almacenamiento de crudos y productos refinados, la descarga de granel sólido en zona urbana, así como las diferentes catástrofes que afectaron a la ciudad: Urquiola, Mar Egeo y Prestige”. A este respecto, desde la Autoridad Portuaria coruñesa se señala que el traslado de los productos petrolíferos está encaminado tras el acuerdo firmado con Repsol, y, con respecto a los graneles sólidos, cada vez es mayor el porcentaje que se opera en Langosteira, alcanzando en la actualidad el 35%.

Cita también el Tribunal de Cuentas la necesidad de que el Puerto Exterior disponga de acceso ferroviario “para que el desarrollo de este nuevo puerto sea óptimo”. Para ello la Autoridad Portuaria licitó en 2016 el contrato para la realización del proyecto constructivo. El organismo fiscalizador reconoce que “en el escenario más optimista” Punta Langosteira no contará con este “acceso ferroviario hasta finales del año 2020 o principios del 2021”.

En otros apartados del informe, el Tribunal realiza valoraciones positivas para la Autoridad Portuaria de A Coruña en cuanto a transparencia, evolución de su rentabilidad y gestión del dominio público.     

Conclusiones y recomendaciones

En su análisis de todas las autoridades portuarias, el organismo fiscalizador concluye “no existe una correlación directa y proporcional entre el gasto en infraestructura y la ganancia de eficiencia y, por tanto, la inversión en inmovilizado portuario no constituyó un factor único en la mejora de competitividad ni en la atracción de tráfico hacia los puertos”. Asimismo, un aumento simultáneo de la capacidad de puertos vecinos entraña el riesgo de mayor competencia de precios para intentar atraer el tráfico existente, por lo que, si no se consigue incrementar el volumen de tráfico global de las zonas colindantes, se producirá una pérdida de rentabilidad global, añade.

Es por ello que el Tribunal de Cuentas recomienda, dado el volumen actual de las infraestructuras portuarias estatales, “avanzar en la optimización de su utilización mediante el establecimiento, por parte de la Administración General del Estado, de un marco estratégico estatal claro y definido. En este sentido, sería conveniente que se priorizaran, entre otras medidas, las destinadas a la mejora de las conexiones ferroportuarias y a la promoción de las actividades logísticas”.

A fin de evitar la elevada sobrecapacidad de los puertos del conjunto del sistema portuario, el Tribunal aconseja al Ente Público Puertos del Estado  establecer unos mecanismos de planificación y de control de las nuevas infraestructuras propuestas por cada una de las Autoridades Portuarias, “en los que se realizasen unos estudios realistas de la demanda real y, además, se tuvieran en cuenta las necesidades del conjunto del sistema portuario, con un análisis de las perspectivas consideradas, no solo individualmente para cada Autoridad Portuaria, sino incluyendo también en el análisis las de los puertos cercanos”.