El Grupo de Análisis y Debate Colmeiro ha consultado la opinión de varios de sus miembros sobre los Presupuestos del Gobierno central, tanto en su visión global como en las implicaciones y consecuencias que pueden acarrear para Galicia.

Para el coordinador del Grupo Colmeiro, el catedrático de Economía Luis Caramés, los presupuestos generales del Estado son “los de un gobierno sin mayoría, con lo cual es lógico que reflejen unos equilibrios territoriales con énfasis diferentes”. El catedrático considera que “en el Gobierno gallego se percibe una relativa incomodidad respecto a los presupuestos porque siendo cierto que los anteriores fueron más nominales que reales, ahora la cantidad ha sufrido un severo recorte por lo que tendría que ejecutarse el 100% con un tiempo de ejecución muy reducido. Es comprensible, por lo tanto, que Feijoo haya incluso creado una comisión de seguimiento”.

Caramés considera también que “los presupuestos obedecen a criterios de ajuste y suelen echar mano de las reducciones en inversión pública como método más directo para alcanzar los equilibrios requeridos” Para el catedrático el tirón de ingresos que el ministro Montoro predice se le antoja optimista “si al final ocurre, nos felicitaremos, porque querrá decir que la economía irá muy bien, posibilitando los mayores ingresos de la historia”.

Presupuestos de transición

El profesor de Economía de la USC y presidente del Consello Galego de Economistas, Miguel Vázquez Taín, también considera que los PGE de este año deben contextualizarse en la situación de los pactos necesarios para su aprobación, lo que obliga a unas concesiones que, a su juicio, “desdibujan los objetivos de la política económica que debería haber detrás de ellos”.

Vázquez Taín stas afirma que “Más que unos presupuestos de la recuperación, yo los definiría como de transición, aunque no tengo claro hacia dónde, en los que afloran los problemas estructurales del sector público español que amenazan su sostenibilidad a largo plazo”.

Para el economista, la deuda y las pensiones figuran como los elementos más visibles que “nos impiden ver el verdadero problema de fondo: la falta de reestructuración del sector público, tarea pendiente, que permita reorientar y priorizar la política económica haciéndola sostenible en el tiempo”. Considera que existe poco margen adicional y que, además, “una parte importante de este margen presupuestario se fía al aumento de la recaudación, casi un 8% más que en 2016, una proyección de ingresos voluntarista y que, de no materializarse obligará a readaptar los presupuestos para cumplir con el objetivo del déficit”.

Political business cycle

El condicionante político de estos presupuestos es reconocido también por el profesor de Economía de la Universidad de A Coruña, Javier Rodríguez Seijo, quien habla de la necesidad de tener en cuenta “el ciclo económico político, dado que el comportamiento oportunista de los políticos españoles influye en el ciclo económico y presupuestario”. Seijo considera que “los PGE para el 2016 contemplaban un escenario con elecciones autonómicas en Galicia, en tanto que los de este año obedecen a una agenda política con un equilibrio parlamentario distinto y diferentes prioridades de estrategia territorial”.

En todo caso, el profesor aclara que en “los documentos presupuestarios no se explicitan los gastos en las materias más relevantes como pensiones, subsidios o el gasto en educación y sanidad”. Y añade: “tampoco es posible determinar el destino final de partidas gestionadas por la Administración General del Estado como becas, subvenciones a la modernización económica, etc., cuyo impacto resultará cuando menos análogo al gasto en infraestructuras físicas, de más sencilla identificación”.

Acierto con la comisión de seguimiento

Por su parte, la profesora de Relaciones Laborales de la Universidad de Santiago, María Bastida, pone el acento sobre la oportunidad de la distinción entre los presupuestos y su ejecución. Según Bastida “las partidas sufren ajustes, reajustes, trasvases y movimientos varios que pueden hacer que el resultado final tenga poco o nada que ver con lo planificado”. Para ella es por tanto positivo que se traslade a la ciudadanía que el foco debe ser el la ejecución real. María Bastida considera positiva la creación de una comisión de seguimiento del grado de ejecución, aunque afirma que “es inaudito que no se hubiese creado ya, máxime habida cuenta de la transparencia de la que tanto presumen los gestores”. Bastida reclama sin embargo “cierto nivel de independencia y experiencia técnica en dicha comisión”, ya que de lo contrario “puede ser como hacerse trampas en el solitario”.