La RIFDE parte de la idea de que el endeudamiento constituye una fuente de financiación para los gobiernos subcentrales y que el impacto de la reciente crisis económica ha supuesto un fuerte crecimiento del endeudamiento de las comunidades autónomas (también el del gobierno central). Además, el endurecimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria, sobre todo tras la reforma del artículo 135 de la Constitución y del marco de gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, ha introducido novedosas restricciones, no solo sobre el déficit y la deuda, sino también sobre el gasto autonómico, así como obligaciones de transparencia, suministro de información y gestión del presupuesto.

Propuestas de reforma

En este contexto, el informe de la RIFDE sugiere varias líneas de mejora y reforma. En primer lugar, propone una reforma en la definición de objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto entre niveles de gobierno, tratando de combinar efectividad con flexibilidad, pero también transparencia y coherencia con el reparto del gasto público y de los recursos. "La coordinación –idealmente en el Senado, pero también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes- es el mecanismo más adecuado para un Estado muy descentralizado", señala el estudio.

En segundo lugar, aboga por que la asignación de objetivos de déficit y deuda entre cada una de las comunidades autónomas sea diferenciada, esto es, no idéntica, "para considerar situaciones de partida muy diferentes y poder definir sendas de consolidación fiscal acordes a la realidad, siempre con transparencia y criterios racionales". De igual modo, los límites previstos desde 1980 en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas deben ser actualizados, para que recobren eficacia y sirvan así a su auténtico objetivo.

El informe también incide en la gestión del endeudamiento acumulado por las comunidades autónomas en los últimos años, en particular, el contraído con el Estado a través de los mecanismos extraordinarios y adicionales de financiación. Aunque la RIFDE reconoce opiniones diversas sobre este asunto, subraya que hay "un amplio consenso sobre la necesidad de reestructurar la deuda autonómica, incluyendo plazos, carencias e intereses". La mayoría de los expertos consultados para la elaboración de este estudio se muestra contraria a cualquier quita de deuda. La retirada del Fondo de Liquidez Autonómico y de la Facilidad Financiera lo antes posible sí que suscita otro amplísimo consenso, "ya que en la actualidad están desvirtuando el sistema de financiación autonómica", valora la RIFDE.

En cuarto lugar, propone automatizar algunas de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas que prevé la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para facilitar su aplicación y promover su efectividad. De igual modo, sería preciso reforzar la rama preventiva y los mecanismos de alerta temprana, al tiempo que se impulsa el desarrollo del principio de prudencia financiera, como engarce de la disciplina de mercado.

Finalmente, el informe apunta algunas ideas para concretar el Fondo de Contingencia y, como novedad, la instauración de fondos de estabilización económica o fondos de reserva en el ámbito autonómico. "Serían un complemento a la regla de gasto y a los límites al déficit y a la deuda, para favorecer la estabilidad de los presupuestos (sobre todo para garantizar los servicios públicos fundamentales), amortiguar las caídas bruscas de recursos y contribuir a mejorar su calificación crediticia, reduciendo así los intereses pagados", explican los expertos.

En todas las propuestas, la RIFDE ve "ineludible" el papel supervisor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en estrecha colaboración con los órganos de control interno y las instituciones de control externo.

La RIFDE

La Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE) está gestionada por el Grupo GEN (Governance and Economics research Network) de la Universidad de Vigo. Su informe se ha visto enriquecido por las sugerencias de los participantes en una jornada celebrada en julio en Santiago, así como por una encuesta a expertos, incluyendo a miembros de RIFDE y responsables de direcciones generales de las comunidades autónomas.