Entienden los investigadores de la RIDFE que en el modelo todavía vigente, que data de 2009, se entrecruzan diversos fondos e instrumentos “que desdibujan los resultados finales, produciendo agravios comparativos e impulsando la percepción fundada de cierta arbitrariedad”.

Es por ello que en el informe se apuesta por una nivelación más transparente entre comunidades autónomas, en la que se incluya a las comunidades de régimen foral y que esté basada en un criterio “claro y objetivo,  comprometiéndose las partes a no aplicar fondos específicos que adulteran los resultados y complican la comprensión y el funcionamiento del mecanismo”.

Por ello, consideran que la próxima reforma del sistema de financiación autonómica debe abordar el modo de incorporar las comunidades autónomas de régimen foral a la financiación del mecanismo de nivelación interterritorial, así como clarificar “el singular papel de Canarias como región ultraperiférica”. Asimismo, debe acordarse el grado de nivelación “y si ésta incluye solo los servicios fundamentales o todos los descentralizados”, además de superarse el criterio de statu quo como criterio de reparto de los recursos. También debe tener en cuenta “el cómputo afinado de las necesidades de gasto per cápita (habitantes ajustados), así como de las recaudaciones normativas por tributos cedidos”.

Encuesta sobre nivelación

El documento se ha visto enriquecido por una encuesta sobre los aspectos clave de la nivelación, enviada a un centenar de personas de la mayoría de comunidades autónomas, incluyendo miembros de RIFDE y responsables de direcciones generales. A partir de los resultados de esta encuesta, el informe plantea varias conclusiones. Así, existe práctica unanimidad entre los encuestados sobre la existencia de un desequilibrio vertical entre ingresos y gastos en contra de las comunidades autónomas, así como sobre la necesidad de corregir las diferencias en suficiencia financiera que proporciona el sistema foral respecto al común. Además, una amplia mayoría considera arbitrarias o discutibles las diferencias actuales en la financiación per cápita que proporciona el sistema común.

Aunque son mayoría quienes piensan que la nivelación debe centrarse en los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales esenciales), un tercio de los encuestados considera que la nivelación debe alcanzar a todos los servicios descentralizados.  Los expertos de comunidades autónomas con renta y capacidad fiscal superior a la media tienden a defender la nivelación parcial (solo servicios públicos fundamentales) o incluso una reducción de la nivelación. Al contrario, los expertos de comunidades autónomas con renta y capacidad fiscal por debajo de la media apoyan la nivelación de todos los servicios descentralizados.

Existe una notable diversidad de opiniones sobre el llamado criterio de “ordinalidad” o “no reordenación”, defendido en mayor medida por los expertos de comunidades autónomas con renta per cápita superior a la media.

En lo que hay consenso es en la necesidad de eliminar, de forma más o menos gradual, la cláusula del statu quo o de aseguramiento de la financiación actual.

Una amplia mayoría considera necesario hacer ajustes sobre la actual forma de estimar las recaudaciones normativas por tributos cedidos, así como sobre la fórmula de estimación de los habitantes ajustados. 

Finalmente, existe división de opiniones sobre el organismo técnico que debería hacer las estimaciones de necesidades, aunque se descarta al Gobierno central.