El documento ha sido elaborado por Roberto Fernández Llera e Marta Oviedo Creo, miembros de Red Localis, red gestionada por el grupo de investigación GEN (Governance and Economics Research Network) de la Universidad de Vigo). En él se estudia el Real Decreto 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, que entró en vigor el pasado 1 de julio Local. La nueva norma "supone una revolución en las funciones de control financiero de los interventores locales, como agentes internos fiscalizadores del gasto que realizan las entidades, lo que sin duda mejorará sus niveles de transparencia", señalan desde Red Localis.

Actualmente, de las entidades locales que aplican en su control interno el régimen de fiscalización previa limitada, más del 50% sólo comprobaban la adecuación y suficiencia del crédito presupuestario y la competencia del órgano que generaba el gasto. Además, más del 70% de estas entidades no realizan un control a posteriori, lo que "supone un ejercicio de fiscalización de las cuentas de las entidades muy reducido", resaltan desde Red Localis.

Con el cambio normativo se persigue "un control financiero de la intervención innovador, eficaz, transparente y proactivo", apuntan los expertos de Red Localis. Así se contemplan las modalidades de control financiero permanente y la auditoría de las cuentas públicas, a partir de 2019, incluyéndose en ambas el control de eficacia. De esta forma se podrá verificar el grado de cumplimiento del gasto con los objetivos fijados, se tendrá en cuenta el coste y rendimiento de los servicios y se potenciará un uso responsable de los recursos locales. "Todas estas medidas tienen un claro objetivo, que es conseguir administraciones públicas locales mucho más responsables en su gestión presupuestaria, gracias al papel de la intervención local". Con el nuevo marco legal, el control financiero se debe realizar anualmente, aplicándose en su ejercicio las normas de control financiero y auditoría pública vigentes en cada momento para el sector público estatal, y situándose como clave de bóveda el Plan Anual de Control Financiero.

Más medios y mayor autonomía

Con estas nuevas medidas se persigue mejorar el exiguo control financiero de las entidades locales, puesto que solo el 9% de ellas ejercieron en 2015 esas actuaciones a posteriori, tal y como señala en un informe el Tribunal de Cuentas. A tenor de la evidencia mostrada, desde la Red Localis consideran necesaria, entre otras medidas, "una revisión de las actuaciones y del personal adscrito al servicio de intervención en las entidades locales, con el objetivo de mejorar no solo la eficacia y calidad de los servicios, sino también de la gestión pública local, especialmente en materia de prevención de la corrupción". Junto con lo anterior, la Red Localis reclama "una mayor relación de los mecanismos de control interno con los externos, y una mayor independencia y autonomía de la función interventora".