Para el catedrático de Economía Aplicada de la USC y coordinador del Grupo Colmeiro, Luis Caramés Vieitez, el gobierno de Mariano Rajoy ha mostrado una gran “comprensión” con las demandas vascas. Caramés reconoce que el cupo debía ser actualizado, pero considera que se ha llevado a cabo con el criterio de parte: “El País Vasco negoció muy bien y ha sabido sacar tajada de la debilidad de Rajoy. Nadie duda de las necesidades del País Vasco, pero un Estado como el autonómico requiere la negociación de otros equilibrios que no sean vistos, con razón, como injustos por otros territorios”.

Aún más contundente se muestra el economista Miguel Vázquez Taín, para quien los presupuestos no se deben aprobar a “cualquier precio”. Taín considera que “el acuerdo con los nacionalistas vascos supone romper con la solidaridad interterritorial y consagrar los privilegios de un territorio sobre el resto de las comunidades autónomas”. El presidente del Colegio de Economistas de Galicia afirma que la concesión de unos 1.400 millones de euros es la confirmación de este sistema de financiación con privilegios para unas comunidades autónomas. “Esta negociación sienta un precedente que veremos cómo evoluciona en la aprobación de los presupuestos del 2018 que, a la altura a la que estamos, son los realmente importantes. De ser este el camino quizá sea mejor parar la legislatura”, asegura Vázquez Taín.

Para el economista Eugenio Lalinde las cuentas son claras: “el apoyo parlamentario de estos cinco diputados supera los ocho mil millones de euros, cifra algo inferior al presupuesto de la Xunta de Galicia para este año, que es de 9.063 millones. Es decir, más de 1.600 millones de euros por voto”. Para Eugenio Lalinde “el concierto vasco y el sistema foral navarro son mecanismos de financiación obsoletos que constituyen la principal anomalía del sistema de financiación autonómico”. Según Lalinde, tanto Navarra como el País Vasco son dos de las comunidades más ricas de España y ambas gozan de una situación de privilegio. El gasto, añade Lalinde, que las administraciones realizan por cada uno de los ciudadanos residentes en esas Comunidades es aproximadamente el doble del que reciben los ciudadanos del “régimen común”. Lalinde considera que esta es una situación de “injusticia manifiesta y de agravio comparativo que ha sido rentable para las opciones políticas nacionalistas y que, gracias a estas ventajas, han mantenido el poder durante los últimos cuarenta años”.

Finalmente, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña Santiago Roura afirma que el pacto del Gobierno con el PNV liquida un litigio de una década sobre los cálculos de los cupos anteriores. El acuerdo es, según el jurista, el fruto del especial modelo constitucional de financiación del País Vasco, que sólo encuentra parangón en el convenio con Navarra. “Un observador ajeno a la historia de las finanzas españolas concluiría que esta exclusividad de sólo dos comunidades autónomas supone una anomalía”. Pero Roura asegura que “el concepto de equilibrio territorial de las finanzas públicas no comprende al País Vasco y a Navarra”. Además añade que “la importancia de los modelos de concierto y convenio en el conjunto de las finanzas públicas españolas es residual”.