La norma sigue su tramitación parlamentaria
Los clústers gallegos conocen las novedades de la nueva Ley de implantación empresarial
Continuando con su ronda de contactos con agentes sociales y económicos, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria dio este miércoles a conocer a representantes de los principales clústers gallegos la Ley de implantación empresarial.
En la reunión participaron, entre otros, los clústers del naval (Aclunaga), la automoción (CEAGA) o el agroalimentario (Clusaga), con la intención de poder incorporar sus aportaciones a una norma que prosigue su trámite parlamentario después de que este martes el Parlamento gallego aprobara su toma en consideración.
El conselleiro de Economía, Emprego e Industria hizo hincapié en que la futura ley busca “permitir que Galicia sea un lugar donde la tramitación administrativa no sea un obstáculo sino que dé respuestas para que los proyectos se puedan desarrollar en tiempo y forma cubriendo en todo momento las exigencias desde el punto de vista medioambiental y urbanístico y el conjunto de la normativa sectorial que tiene que cumplir cualquier proyecto”.
En este sentido, Francisco Conde habló de empleo, competitividad e inversión como los tres retos de esta ley para que en Galicia sea más fácil crecer como empresa. Así, se ahondará en la simplificación, con menos barreras administrativas, a través de un procedimiento único para obtener las autorizaciones pertinentes, y se darán más facilidades para adquirir suelo industrial. También se pondrán en marcha más incentivos, como bonificaciones fiscales y exenciones de impuestos para las empresas que quieran instalarse.
En este punto, el conselleiro señaló que los ayuntamientos tienen un papel importante en la tramitación administrativa y también en la fiscalidad que se aplica a los proyectos empresariales. Por eso, en paralelo a la tramitación de la Ley, el Gobierno gallego le trasladó a la Fegamp una propuesta de convenio para que los ayuntamientos de forma voluntaria puedan ofrecer bonificaciones y facilitar las tramitaciones administrativas vinculadas a la implantación de nuevos proyectos empresariales. Los municipios que se adhieran la esta iniciativa podrán a su vez contar con discriminación positiva en determinadas órdenes de ayudas para la mejora de los parques empresariales, la formación o el empleo.