La deuda viva financiera es la totalidad de la deuda pendiente que debe abonar un ayuntamiento derivada de créditos y préstamos con entidades financieras y avales, debiendo incluir el capital pendiente de amortizar y los intereses generados. Según el estudio de Red Localis, el 35,8% de los ayuntamientos de nuestra Comunidad (un total de 112) no tenían deuda viva en 2016; un 26% de ellos (80) presentaban una deuda viva por habitante entre 1 y 100 euros; un 24% entre 100 y 300 euros (74 municipios); un 8% de los ayuntamientos (26) debían entre 300 y 500 euros por habitante; y solo el 6,7% (21 consistorios) tenían una deuda viva per cápita superior a los 500 euros. La media de deuda viva por habitante para el total de concellos de Galicia se situaba el año pasado en los 155 euros.

Por provincias, son los ayuntamientos ourensanos los que tenían en 2016 una deuda viva financiera superior (229 euros por habitante) frente a los 141 de los concellos pontevedeses, los 125 de los lucenses y los 112 euros de los ayuntamientos coruñeses.

Descenso desde 2012

En su conjunto, la deuda viva en los ayuntamientos gallegos llegó a su máximo en 2012, con 773 millones de euros, momento a partir del cual se registra una importante caída hasta los 420 millones del año pasado. En la actualidad, y a pesar de los efectos de la crisis sobre los presupuestos municipales, el peso de la deuda financiera viva en los ayuntamientos gallegos es 216 millones de euros menos que en 2008.  La nota concluye que a medida que aumenta el número de habitantes de un municipio, se comprueba un mayor esfuerzo relativo para la reducción de la deuda con entidades bancarias.

El informe de la Red Localis constata que si bien el endeudamiento sigue siendo una realidad a la que hay que hacer frente en los municipios gallegos, hay “una tendencia generalizada” a la  reducción de la deuda viva. Los expertos aluden a los ajustes en los presupuestos públicos municipales, las ayudas del Estado a los municipios, el crecimiento económico y un mayor control presupuestario de las entidades locales a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como las causas que hay detrás de este proceso.