La Xunta demanda en sus misivas al Gobierno central que flexibilice las condiciones de acceso eliminando la necesidad de que las ayudas estén destinadas al pago de las deudas, exigiendo simplemente un descenso en la caída del volumen de operaciones del 30% en 2020 con respecto a 2019; y que también se rechacen los criterios porcentuales por los que se calcula la cuantía máxima a percibir, determinados en el artículo 3.2 del Real Decreto, ya que, según explicó la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, son “farragosos y gravosos para los solicitantes”.

Lorenzana apuntó que para acceder a estos apoyos tiene que ser suficiente con que concurra el requisito de especial afección por la pandemia, justificado por una caída del volumen de facturación, sin necesidad de concretar el destino que debe darse a las ayudas por parte de los beneficiarios. La conselleira recordó que así se hizo “con acierto” en los dos primeros planes de rescate diseñados por la Xunta con fondos autonómicos y a través de los que se movilizaron 416 millones de euros.

En palabras de Lorenzana, se está demostrando que los criterios “complejos y rígidos” establecidos por el Gobierno central “no están funcionando”. Así, apuntó que a través de los dos planes de rescate autonómicos se registraron más de 80.000 solicitudes (aproximadamente 40.000 en cada convocatoria) frente a las 4.000 del tercer plan (un 90% menos). La Xunta considera que el deber de destinar el importe total de las ayudas a los pagos de deudas devengadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y que, además, procedan de contratos anteriores a 13 de marzo, se ha convertido en un “obstáculo insalvable para millares de autónomos y microempresas”.

La conselleira expuso que este criterio es “injusto” para los trabajadores que hicieron un esfuerzo por mantener abiertos sus negocios, “tirando muchos de ellos de los propios recursos y ahorros para precisamente no incurrir en deudas” y, ahora, no pueden acceder.

Hasta el 30 de septiembre

A la espera de recibir una respuesta por parte del Estado, la Xunta flexibilizará, por su parte, las condiciones dentro de su margen de maniobra. Así, ampliará el plazo de solicitud de las ayudas hasta el 30 de septiembre, y se establecerá la caída de facturación en más de un 30% para todas las actividades económicas, estén o no incluidas en el anexo 1 del Real Decreto del Estado. Hasta ahora el porcentaje era del 30% para las actividades que se encuentran en el anexo 1 y del 40% para el resto incorporadas por la Xunta. “De este modo, facilitaremos el acceso a las ayudas a un número muy importante de actividades”, añadió.

La conselleira espera que el Estado dé una respuesta “positiva y rápida” para ayudar a los sectores afectados por la covid-19. “El Gobierno central está a tiempo de rectificar no solo porque lo estamos pidiendo las comunidades autónomas, sino, sobre todo, porque lo están pidiendo los sectores que más necesitan esta inyección de dinero”, finalizó.