El Consello da Xunta informó este jueves de cuatro líneas de ayudas que la Consellería de Economía, Emprego e Industria convocará como anticipado de gasto con el objetivo de incrementar las oportunidades laborales de las personas desempleadas. El objetivo de estos programas es la mejora de la empleabilidad de las personas participantes, que tienen que estar inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia (SPEG).

Por una parte, habrá apoyos dirigidos a los ayuntamientos para la contratación de perceptores de la renta de integración social de Galicia (Risga). Es un presupuesto de 7,7 millones de euros para emplear a 700 personas en situación o riesgo de exclusión social. Como novedad para 2019, la duración de los contratos se amplía de 7 a 9 meses. Se estima un importe medio de la ayuda por contrato de cerca de 11.000 euros frente a los 8.900 euros concedidos en la convocatoria de este año. 

El segundo de los programas está dirigido también a los ayuntamientos, en este caso, para que puedan contratar desempleados para la realización de obras o servicios de interés general y social, unos apoyos que las administraciones locales destinan fundamentalmente a la contratación de socorristas. Se invertirán 1,5 millones de euros para apoyar el trabajo de 600 desempleados.

Aprol Rural es la tercera línea de ayudas a la que la Consellería de Economía, Emprego e Industria destina 7 millones de euros para la contratación de 600 personas. Estos apoyos están dirigidos a los concellos rurales para apoyar la realización de tareas relacionadas principalmente con la prevención de incendios. Como novedad, se eliminan los límites para las contrataciones que tendrán que centrarse en trabajos vinculados con la planificación preventiva, la valorización forestal, la silvicultura, la limpieza de montes y la gestión de la biomasa. Las mujeres y los menores de 30 años seguirán teniendo preferencia en la convocatoria de estas ayudas. La cuantía media que se estima que se concederá por contrato es de 11.660 euros.

El cuarto y último programa se refiere al mantenimiento y contratación de orientadores laborales en el ámbito local (ayuntamientos y confederaciones y asociaciones empresariales y sindicales) y en las entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a personas con capacidades diferentes y en riesgo de exclusión social. La Xunta prevé la creación o mantenimiento de 251 empleos a través de una inversión de 6,1 millones de euros. Los contratos tendrán una duración de un año. La Administración autonómica financia estos empleos con una cuantía máxima de 25.000 euros por cada técnico en orientación laboral contratado a tiempo completo, que será de 28.000 euros cuando el contrato se desarrolle en una entidad sin ánimo de lucro que realice actividades de atención a personas con capacidades diferentes.