Si quien paga es una Administración Pública en España, mi recomendación es mejor no aceptar el trabajo, ya que si se logra cobrar, será mal pagado, por no decir muy mal y tarde (años) y mal retribuido; lo que supone que en la mayoría de las ocasiones no será rentable para los buenos despachos.

Dicho esto, está bien que haya muchos casos, lo que proporciona trabajo, pero el problema no es que no haya peritos, es que en España lo que no queremos los buenos profesionales es trabajar con ellos en esas condiciones; no es rentable, así de simple. La última pericial que hice, se me obligó a realizarla, quise renunciar TRES veces, no me lo permitieron y no quise entablar un procedimiento; no la he cobrado y, por supuesto, no creo que nunca la cobre y si la cobrara sería una completa pérdida económica para el despacho, de hecho es una pérdida económica desde un primer momento. En la mayoría de las ocasiones, como en más del 70% de los casos, renuncio directamente, sin siquiera ver el caso, los menos, o una vez estudiado los autos, renuncio.

Esto mismo ocurrirá, me atrevo a decir que ya está ocurriendo hace algún tiempo, en Concursal (en realidad ya se ha pasado el umbral crítico de la rentabilidad, hay un punto en que deja de ser una actividad rentable e interesante profesionalmente), ya que al no haberse regulado, se ha creado muy mala imagen, y no paran de producirse sentencias en contra, aumento del trabajo y la responsabilidad, disminución de la retribución, y puesta en riesgo por preferencias de pago. 

Ser Administrador Concursal se ha convertido en una actividad de riesgo, repito, con mala imagen, mal retribuida, y que exige una necesaria especialización muy alta y muy difícil de ejercer (que hay que acompañar de nervios de acero, por las situaciones que se enfrentan, muchísima experiencia de campo, en términos jurídicos y económicos, hasta en los casos pequeños) y con prácticamente ninguna expectativa profesional de mejora.

En resumen, como Administradores Concursales, cada vez quedaremos menos, y los que queden, muchos de ellos serán incalificables (no tardarán más de dos años en volver a la cueva de donde salieron, de hecho ya muchos están cerrando). Como he dicho, es una actividad destinada a ser corroída por la degeneración, ya que cuando la situación económica de algo está en las condiciones descritas pero sigue existiendo solo puede ser o porque es ejercida por quien no tiene otra alternativa, por tanto es dudoso que sean buenos profesionales quienes se dediquen a ello, o porque la compensación obtenida por otros lados, compensa.

La economía de mercado es así, todo lo ajusta, por eso es la mejor manera de asignar recursos que se conoce, con sus problemas, como la democracia es la mejor forma de gobierno. Por tanto si disminuye el precio que se paga por un servicio, de una actividad profesional, por lógica disminuirá la oferta de profesionales (el mercado de trabajo funciona al contrario que el resto de mercados: la demanda son los empresarios, en este caso los jueces con sus designaciones, y la oferta los trabajadores, en este caso los profesionales que ejercen de Administradores Concursales) y cuando llega a un punto muy bajo de la curva, ya pocos la pueden ejercer rentablemente, han salido la mayoría de los profesionales, que a esos precios si ejercen pierden dinero, o los que quedan lo compensan por otras vías que distorsionan el mercado y la competencia.

Y todo esto es imputable, en una alta medida, a los jueces, Gobierno, AEAT (Agencia Tributaria), TGSS (Seguridad Social), grandes despachos y bancos que han apostado por tener una Administración Concursal no profesionalizada y sin medios, que no pueda ser independiente y  altamente cualificada, como se requeriría en el sistema español. Pero también ha habido mucha responsabilidad por parte de los Administradores Concursales, no tengo duda, pues creo que después de lo que hemos visto en los últimos tres o cuatro años y de una caída de más del 50% del mercado por el ciclo económico (era previsible y normal), creo que el ajuste se ha pagado con creces por la parte que ha correspondido a la responsabilidad de los Administradores Concursales.

Rubén García-Quismondo, socio director de QUABBALA, Abogados y Economistas