Algo que podría parecer el inicio de un proceso de adecuación de la estructura municipal gallega tanto a su nueva dinámica de asentamiento como a la evolución demográfica de los municipios de inferior tamaño. Sin embargo, esos procesos de integración municipal han sido un hecho totalmente aislado, y que no cuenta con nuevos solicitantes que asomen a las puertas de la Xunta de Galicia, para proponer nuevas fusiones locales.

No es esto precisamente una buena noticia, y es que la capacidad de prestación de servicios de nuestros municipios es dependiente de su tamaño demográfico y la demanda interna de cada uno. Si consideramos la distribución del gasto público bajo el criterio de programas u objetivo públicos en 2017, los municipios gallegos con menos de 5.000 habitantes son aquellos con menor capacidad de prestación de servicios básicos, 32,7% y bienes públicos preferentes, 12,1% (7.4 y 3.6 puntos por debajo de la media autonómica), siendo en ambos casos las más bajas de todos los tramos de población; frente a ello son las actividades de carácter general y administrativas las que ahogan y limitan el presupuesto municipal 24,1%, porcentaje más alto de todos los tramos, 5.7 puntos por encima de la media gallega.

Considerando el gasto del capítulo de remuneraciones y personal, son igualmente los municipios gallegos de menor tamaño los que más rigidez muestran, dedicando al mismo el 34,7% de su presupuesto, 5.2 puntos por encima de los municipios de mayor tamaño, siendo la media gallega dedicada a remunerar el empleo público para todos sus ayuntamientos del 33%.

Pero además de esta ineficiente distribución del gasto por objetivos, se une el aspecto cuantitativo, de los 313 municipios gallegos, 201 (64,2%) no alcanzan el umbral demográfico de los 5.000 habitantes. Realidad extrapolable al conjunto del Estado, incluso mejora la media de España, donde los municipios de menos de 5.000 habitantes se maximizan hasta un 84%.

Por último y aunque parezca anecdótico, dentro del capítulo de personal está el gasto en personal directivo, cargos políticos y asesores, el cual suma 13.6 millones de euros en los municipios con menos de 5.000 habitantes. Este gasto representan el 10,5% del total de gasto en personal, 4.8 puntos por encima de la media de Galicia. Así pues, son los ayuntamientos con menores competencias en cuanto a provisión de servicios públicos básicos y preferentes, aquellos cuyo gasto administrativo y laboral en altos cargos es porcentualmente mayor.  Por lo que, sólo considerando la reducción de cargos políticos y asesores que implicaría una planificación estratégica dirigida a ampliar los casos de concentración municipal en los municipios de menos de 5.000 habitantes, ya sería un acicate significativo. Y es que, si queremos que nuestros municipios sean capaces de atender ese triple objetivo que se les plantea: institución capaz de dirigir la acción democrática, proveedor eficientemente de los servicios básicos de su tamaño y servir al desarrollo socioeconómico sostenible, es necesario abordar la eficiencia en la gestión local, y para ello, la planta municipal según tamaño de  población es hoy un obstáculo.