No quiero decir que las condiciones laborales del público siempre sean mejores que las del privado. Está claro que, a veces, un profesional  en el sector privado puede ganar mucho más que en la administración. Pero de manera mayoritaria las condiciones laborales de seguridad, de horas extras, de vacaciones, de bajas por maternidad o paternidad, de flexibilidad a la hora de conciliar vida laboral y vida profesional son mucho mejores en el sector público que en el privado.

La administración tiene, obviamente, la obligación de ir por delante en materia de mejoras laborales. En su filosofía de base no tiene como misión conseguir beneficios económicos sino administrar y distribuir la riqueza de manera proporcionada entre todos los ciudadanos. En lo público no existe el concepto de “lucro”.

De esta idea se deduce que la administración pública debe dar el ejemplo. Así ha sido en materia de igualdad y paridad entre sexos. Todas las medidas que se han ido tomando en las últimas décadas han sido, primero, implantadas en el sector público y luego algunas se han implementado en el privado, de forma bastante desigual, todo hay que decirlo.

La Xunta de Galicia acaba de aprobar el Plan de Conciliación y Corresponsabilidad que abarca desde este año y hasta el 2021. Está articulado en 100 medidas destinadas a promover, concienciar, y facilitar le equidad entre sexos.

Es un paso importante. En primer lugar porque se aborda de manera clara una asunto que está marcando nuestra sociedad desarrollada de manera transversal. En algún caso hemos escuchado comentarios como el “no nos metamos en eso” que suponen una falta de compromiso al tiempo que una torpeza política de magnitud.

En segundo lugar porque se centra en el origen de las desigualdades y en un cierto retroceso en materia de equidad, que no es otro que la educación que reciben nuestros niños. Es indespensable trabajar desde temprano para derribar prejuicios, estereotipos y ofrecer modelos, referentes que pongan en igualdad de condiciones al hombre y la mujer.

En tercer lugar propone medidas concretas para una de las grandes barreras actuales en materia de equidad: la conciliación. El Plan propone un aumento de 5 a 7 semanas para la baja por paternidad de manera a intentar equiparar las de ambos progenitores para los funcionarios. Además se incluye la implantación de un permiso adicional de 4 semanas en caso de parto para los funcionarios, tiempo durante el cual se percibirá un 75 % de su salario.

Por último un guiño al sector empresarial: se premiará a las empresas que demuestren que implantan medidas conciliadoras. Una forma de incentivar a los empresarios a tener presente la corresponsabilidad en sus horarios de trabajo.

¿Solucionamos con esto el problema? Desde luego que no. Sobre todo porque estas medidas concretas se aplican a los funcionarios públicos, mientras en el privado seguimos asistiendo a horarios imposibles, discriminaciones salariales y contrataciones desiguales.

Pero es un paso que junto a otros, como las recientes sentencias en materia de brecha salarial, van configurando un espíritu sensible a la equidad. Todo suma.