Las cifras son elocuentes: el 74% de las empresas españolas no cumple con la ley. Más de un 60% de las compañías no tiene un su dirección a ninguna mujer. Son algunos de los datos del informe  “Presencia de las mujeres en la empresa española”,  elaborado por el Grupo Cesce.  Los analistas afirman que en los 10 años que lleva en vigor la Ley de Igualdad, la participación de las mujeres en los consejos de administración no ha mejorado de manera sustancial.

Lo paradójico es que esta Ley, creada principalmente para las grandes empresas (las pymes no están obligadas a contar con un plan de igualdad), no parece haber servido en absoluto para potenciar la presencia femenina en los puestos de dirección. Es más, cuanto más grande es la compañía, menor es la proporción de mujeres.  Es necesario identificar dónde está el fallo.

No deja de sorprenderme que alguna formación política que, por ejemplo, defiende los derechos de los animales, parece que consigue más compromisos por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas que las innumerables organizaciones que trabajan en aras de la igualdad de sexos.

Pero ya sabemos que la legislación va por un camino y su cumplimiento, su traslación a la sociedad civil transitan por otro.

En estos momentos está en fase de borrador un anteproyecto de ley sobre información no financiera de las grandes empresas, aprobado recientemente por el consejo de ministros. Según este borrador las grandes empresas estarán obligadas  a informar cada año y públicamente sobre las decisiones que tomen en materia de igualdad de género, entre otros aspectos.

Indudablemente que todos los pasos que se den en materia legislativa para avanzar en la igualdad entre sexos merecen ser aplaudidos. Pero permítanme que, después de las estadísticas presentadas por el citado informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad, sea pesimista con respecto a esta nueva medida. Llevamos años en modo “recomendación” para incentivar que las empresas asuman el compromiso claro con la equidad y los resultados son, cuando menos, de dudosa eficacia. ¿Acaso no ha llegado ya el momento de pasar a una fase de obligatoriedad?

La pregunta es simple: si en 10 años de vigencia de la Ley de Igualdad sólo el 26% de las empresas concernidas (mayores de 250 empleados) cumple con la ley ¿por qué cabe pensar que con esta nueva obligación la van a cumplir?

Carla Reyes Uschinsky, periodista y presidenta de Executivas de Galicia