En 2012 el Gobierno creó el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) como apoyo a las Comunidades Autónomas para atender los vencimientos de sus deudas financieras, debiendo aprobar un plan de ajuste cuyo seguimiento estaría a cargo del Ministerio de Hacienda. A este FLA se adhirieron nueve Comunidades (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia), todas ellas, salvo Canarias en 2010, ya reiteradamente incumplidoras. Pues bien, a pesar de inyectarles más de 16.600 millones, a excepción de Asturias, las otras 8 Comunidades fueron las únicas de toda España que incumplieron con el objetivo de déficit.

En 2013 se prorroga el FLA con las mismas Comunidades, dotándolo con 23 mil millones. Y en esta ocasión 5 de las 9 (Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia) vuelven a incumplir.

En 2014 se dota con otros 23 mil millones, sumándose a las anteriores Extremadura, y en este caso, salvo Canarias, volvieron a incumplir todas.

En 2015 se destinan 17.600 millones más que fueron a parar precisamente a las cinco Comunidades reiteradamente incumplidoras (Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia), y como parece ya costumbre, vuelven a incumplir en este ejercicio.

También en 2015 se crea el FLA Social para atender las obligaciones derivadas de convenios suscritos por las Comunidades con entidades locales en materia de gasto social, dotándolo con más de 683 millones. ¿Y quiénes se apuntan?, pues cuatro de las cinco Comunidades reincidentemente incumplidoras (Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia), además de tres habituales del FLA y, la mayoría machaconamente incumplidoras (Andalucía, Aragón y Baleares) y Extremadura, que lleva dos ejercicios en rojo. Pues bien, todas ellas cierran el ejercicio por encima del objetivo de déficit.

2015 parece un buen año para destinar dinero a las Comunidades Autónomas, pues también en él se pone en marcha el Fondo de Facilidad Financiera, dotado con más de 10.890 millones, destinado a la financiación de las desviaciones de déficit de años anteriores. Y aquí se apuntan todas las que no están en el FLA (excepto Madrid, Navarra y el País Vasco), es decir, nuevaen total. Y, salvo Canarias y Galicia, todas incumplen el objetivo marcado.

Con todo esto parece poco creíble el enfado, y mucho menos la sorpresa, del ministro Montoro ante una situación que se viene repitiendo año tras año. Está claro que las Comunidades incumplidoras en general y las reincidentes en particular parecen ser las culpables de la desviación del objetivo de déficit, pero gran parte de la responsabilidad le corresponde al Ministerio de Hacienda como encargado del seguimiento de los planes de ajuste. Y si ninguna se ha asustado ante las amenazas del ministro es no sólo por los incumplimientos reiterados sin consecuencias, sino porque en el horizonte espera una nueva edición de los fondos de financiación con una dotación aprobada para el primer trimestre de 2016 de más de 5.800 millones para el FLA y 280 millones para el de Facilidad Financiera, a los que ya se han adherido todas las Comunidades salvo Castilla y León y las de régimen foral, sin que parezca que tampoco ahora haber incumplido les vaya a acarrear consecuencias.

Lo grave, máxime cuando vivimos en la era de la transparencia, es que sabemos a dónde va todo este dinero pero nadie explica a qué destinan las Comunidades Autónomas los fondos que deberían dedicar a cumplir con sus obligaciones, porque a pesar de inyectarles grandes cantidades para hacer frente a su deuda financiera sin embargo no pueden pagar los compromisos en servicios sociales adquiridos con sus Ayuntamientos, o no pueden financiar la desviación del déficit, pues es necesario la dotación de sendos planes específicos de financiación para ello. ¿Por qué?

¿Podemos imaginarnos lo que se hubiera podido hacer en España con los aproximadamente 98 mil millones destinados desde 2012 a rescatar a las Comunidades Autónomas si su actuación se ajustara a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera?. Por eso está bien enfadarse e identificar a los culpables, pero la única forma de reconducir esta situación y adoptar medidas con la autoridad suficiente es asumir la responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a quien Bruselas le va a pasar la factura de la fiesta que finalmente acabaremos pagando los de siempre.

Alejandro de Diego Gómez, secretario de Administración Local.