En ningún momento se habla en el estudio de Ayuntamientos inviables, como alguien citó sin leer, sino que se acredita que los de menos de 5.000 habitantes son más gravosos, tanto económica como socialmente, que los que se encuentran un peldaño por encima, entre los 5.000 y los 7.000 habitantes, que es hacia donde creemos que debe irse. Económicamente porque repercuten mayor cantidad de dinero per cápita en gastos generales, de organización y funcionamiento, según disminuye la población, y socialmente porque esto va a costa de disminuir lo destinado a servicios públicos, viéndose afectados con ello algunos tan sensibles como los servicios sociales.

Es curioso que todas las fuerzas políticas hayan pedido desde hace tiempo que se cambien las reglas de financiación estatal a los Ayuntamiento gallegos para que se tenga en cuenta su despoblación, su dispersión y el envejecimiento de su población, con lo que coincido plenamente, sin embargo la mayoría no está de acuerdo con una fórmula automática de incremento de los ingresos, nada menos que de hasta un 27 %, como es la fusión, que para los pequeños Ayuntamientos de Galicia podría llegar hasta 14 millones de euros anuales, y que además va acompañada de un ahorro que podría rondar casi el mismo importe, con lo que esto supondría para el desarrollo de nuestros pueblos y bienestar de sus gentes. Pero, claro está, implica la reducción de Alcaldías, y en esto, como diría Don Quijote, “con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho”, siendo más favorables a fórmulas de cooperación que mantengan su status, aunque no supongan aumento alguno de ingresos para sus municipios.

Algunos de los críticos indicaron que lo que habría que hacer es redefinir las competencias municipales, lo cual es un argumento cruel y egoísta, porque el razonamiento que se esconde es: “a qué servicios condenamos a no tener acceso a los vecinos de los pequeños municipios por el mero hecho de vivir en ellos, a cambio, eso sí, de seguir teniendo un Alcalde, con el aparato que eso conlleva”. Y con las consecuencias que esto supone, porque los propios Alcaldes ven cómo día a día se les va marchando gente, alguna de su propia familia, a otros pueblos más grandes y generalmente muy cercanos, y no por cuestiones laborales que eso sería de discusión aparte, sino para poder disfrutar de unos servicios y unas prestaciones que su pequeño Ayuntamiento no puede darles. Es decir, asisten desde el más absoluto inmovilismo a la más cruel de las fusiones, que es la que se produce por el traslado de la población, con lo que conseguirán el triste logro de acabar gobernando a nadie, o a casi nadie.

La mayor grandeza que pueden hacer estos Alcaldes es reconocer en público lo que ya muchos de ellos hacen en privado y dar un paso a un lado, ofreciendo el mayor sacrificio político que pueden brindar a cambio de conseguir un aumento exponencial del nivel de vida y bienestar de sus vecinos, haciendo que se puedan quedar en sus casas y con ello vuelvan a poner en valor el rural y las economías familiares que en él siempre se han dado. Mantener el sistema actual supone condenar a quienes no quieran, o no puedan, marcharse a un sistema de subsistencia.

Alejandro de Diego Gómez, secretario de Administración Local.