Creo que cualquier trabajo sobre la despoblación del rural debe pasar por la constatación de la realidad, el análisis de sus causas y las propuestas de medidas a adoptar para ponerle freno.

En cuanto a la constatación de la realidad, sabemos que en los ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes viven hoy 136.000 personas menos que en el año 2000 y además son cada vez más pequeños, habiendo 281 ayuntamientos menos que no llegan a los 250 habitantes. Y este es el problema que provoca en gran medida esa despoblación, la división municipal del territorio. Así, no puede ser que el 84% de nuestros municipios tengan menos de 5.000 habitantes, o que casi 5.000 de ellos sean “microayuntamientos” de menos de 1.000 habitantes, y más de la mitad ni siquiera lleguen a los 250.

Es cierto que siempre ha habido un traslado de población del mundo rural al urbano, buscando nuevas oportunidades, y no hay ninguna política que pueda cambiarlo. Pero la actual despoblación no viene por este motivo sino que hay que buscarla en movimientos mucho más cercanos. Así hay un trasvase de los pequeños municipios a otros cercanos más grandes, cabeceras de comarca o núcleos más desarrollados, y que por lo tanto pueden ofrecerles una cartera de servicios que su pequeño ayuntamiento no puede, algunos de ellos tan esenciales como los servicios sociales, pero que para poder optar a ellos deben tener la condición de vecinos, de ahí la necesidad del traslado de residencia. Y aquí es donde debe centrarse el estudio porque es la clave.

Si analizamos las cuentas públicas comprobamos que los costes unitarios tanto por la prestación de servicios como también por los gastos generales se van incrementando a medida que disminuye la población, de ahí la necesidad de superar el actual mapa de planta local e ir a otro más racional. Pues si no parece razonable que para gobernar 5.800.000 vecinos sean necesarios 45.000 concejales como sucede en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes menos razonable parece ser que para gobernar a 1.500.000 haya más de 26.000 concejales, es decir, 1 por cada 57 vecinos, como sucede en los de menos de 1.000 habitantes. Y oiremos que no cobran, y sea o no verdad este no es el problema. El quid de la cuestión es la cantidad de casas consistoriales que existen, con sus correspondientes gastos, y que según las liquidaciones presupuestarias de estos “microayuntamientos”, a servicios sociales destinan tan sólo el 8,5 % de sus recursos, mientras que los gastos generales suponen el 35 %.

Entre las soluciones que se suelen plantear están las fórmulas cooperativas intermunicipales, que seguramente recogerá también el informe de este Grupo, pero que no hacen más que perpetuar la actual fragmentación. Mi pronóstico pasa por la fusión de ayuntamientos. Y no me refiero a esas fusiones que se proponen de ir a Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, lo que creo que es inviable ya que supondría fusionar, incluso, comarcas enteras, lo cual desnaturalizaría todo. Yo propongo fijarse en Ayuntamientos próximos, en un radio de unos 15 ó 20 minutos de la capital que se establezca, lo que nos llevaría a una generalidad de municipios de entre 5.000 y 7.000 habitantes, que sin ser grandes Ayuntamientos ahora mismo, con las cuentas que presentan los que están en esta horquilla, ya suponen una inversión de la situación, de forma que, siguiendo con el mismo ejemplo, a servicios sociales dedican casi el doble que los anteriores con unos gastos generales con una repercusión de casi de la mitad.

Y se podrá estar o no de acuerdo con las fusiones pero para poder debatir sobre ellas es necesario que se propongan y se cree el foro adecuado en el que contrastar opiniones. Y eso es lo que yo le pido desde aquí y desde mi modestia a ese “Grupo de Trabajo para la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico”.

Alejandro de Diego Gómez, secretario de Administración Local