Pero hay cosas que deben cambiar inaplazablemente tras esta pandemia. Está bien repetir que este no es momento de críticas sino de arrimar el hombro y ya llegará el tiempo de rendir cuentas. De acuerdo, yo también creo fuera de lugar algunos comportamientos al respecto, y habrá ocasión de ver dónde han estado los errores, la improvisación,las contradicciones, incluso el desconocimiento de instrumentos propios del Estado como la Central de Compras del Ministerio de Hacienda que muy seguramente nos habría ahorrado algún episodio bochornoso, y pedir responsabilidades por ello.

Pero vaya por delante que no todo es justificable. Puedo entender que un ministro o un presidente de Gobierno no sepan de esto, y de hecho vistos los estudios de quienes forman el gabinete de crisis es algo más que previsible, pero no es admisible que después de lo que nos gastamos en técnicos y asesores estos no estén a la altura. No voy a cuestionar el currículum de los expertos que diariamente nos ofrecen cifras y previsiones sobre curva y pico, lo que si cuestiono es su independencia. De verdad, no puede ser que con el bagaje que tienen a sus espaldas lleguen a decir ciertas cosas y a justificar determinados comportamientos si no es por mantener el puesto que tienen. Porque en España todos los organismos técnicos, estratégicos o científicos en lugar de estar fuertemente profesionalizados están politizados y dirigidos por los mejor colocados en cada momento con unos, con otros o con ambos, por encima de su currículum. Y eso les lleva no sólo a tragarse sapos, seguramente en contra de su propio criterio, sino a intentar hacérnoslos tragar a todos. Pero es que además de estos técnicos tenemos al regimiento de asesores que orbitan alrededor de los cargos públicos y que suelen estar copados por “cuñados” (permítaseme incluir en este concepto a toda clase de parientes, amigos y allegados), a militantes de partido y a aquellas personas a las que se les debe el favor de haber conseguido llegar al puesto al que de otra manera hubiera sido casi imposible hacerlo. Y todo este sistema, generalizado en todos los niveles de la Administración y en todas las Administraciones, es lo que hace que estos puestos acaben ocupados por agradecidos en lugar de por funcionarios altamente cualificados (que existen en todos los niveles de la Administración y en todas las Administraciones), que ya cobran del erario público, a los que entre todos hemos invertido para darles la formación que tienen o completar la que ya traían de fuera, y que cuentan con los conocimientos y la capacidad no sólo suficiente sino en la mayoría de los casos muy superior para ejercer esas asesorías, evitando así la influencia sobre los mismos por parte de los políticos.

Y acaba de saltar otro escándalo. La guerra de los diputados por la donación de sus dietas. ¿Pero cuándo va a cambiar su regulación?. Es urgente que Sus Señorías se sometan al mismo control que el resto de cargos y empleados públicos donde las dietas deben ser para desplazamientos efectivos y documentalmente justificados, no como en el caso de diputados y senadores donde se les abona una cantidad fija, con independencia de que las Cámaras estén funcionando o no, como es el caso actual. Y su justificación es que aunque no vayan a Madrid siguen teniendo gastos, ya que la mayoría de ellos pagan pisos en la capital de España para pernoctar cuando tienen que ir a “trabajar”, como si el resto de españoles, incluidos los que por culpa del coronavirus han perdido su trabajo o los que han quedado sometidos a un ERTE, no tuvieran también que hacer frente a pagos a fin de mes. Y han perdido sus emolumentos o, cuando menos, se les ha rebajado un 30%,s iendo bastante más bajos que los de sus representantes, que cada vez empatizan menos con quienes deberían representar. Y toda esta polvareda sólo por las dietas ya que más allá de algunas propuestas testimoniales y hechas con la boca pequeña a ninguno se le ha ocurrido solidarizarse con esos trabajadores (ya no digamos con los autónomos) y bajarse el sueldo. ¿Y esto por qué?, pues porque estamos ante una generación de diputados y senadores que, en su mayor parte, no tienen vida fuera de la política, habiéndose convertido en auténticos profesionales de ella, lo cual es altamente negativo para la función que deben desempeñar, porque la necesidad de tener que pagar los gastos de un nivel de vida al que fuera de la política no podrían ni imaginarse haber llegado les hace aferrarse a sus puestos y a sus escaños al precio que sea. Por eso creo que aquí también debería haber otro cambio urgente: el del estatus de cargo público de forma que queden limitados los mandatos tanto de representación como de gobierno (ambos casos) de forma que todo el que se dedique a la política lo haga por vocación y no por profesión, sabiendo que no tiene futuro en ella más allá de una docena de años, como máximo.

Si cuando volvamos a salir a la calle y a hacer vida medio normal todo esto quede en una bronca política para justificar (unos) el sueldo de gobierno y (otros) el de oposición y, además de dedicar más recursos a sanidad y a I+D+i, no introducen cambios en el funcionamiento de los órganos técnicos, científicos y estratégicos de la Administración para blindar su independencia y objetividad; no se cambia la concepción de asesores poniendo en valor la excelencia y el conocimiento; o no se ponen medidas para evitar la profesionalización de la política, no habremos aprendido nada. Y entonces ¡qué Dios nos coja confesados!