Y cuanto más tarden nuestros políticos en darse cuenta más tiempo habremos perdido todos, pues la despoblación de los pequeños municipios es cada vez más intensa y traumática para unos vecinos que, ante la falta de servicios cerca de su casa, deciden marcharse a otros, normalmente cercanos, con mayores y mejores oportunidades. Y esto es así porque los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes son más gravosos económica y socialmente que los que superan ese umbral. Económicamente porque la mayor parte de sus recursos van a parar a gastos generales, y socialmente porque con una mayor aportación per cápita sin embargo reciben menos servicios y de menor intensidad que los de otros, aunque no necesariamente mucho mayores.

Es cierto que es en Galicia donde se han dado las últimas fusiones pero también es cierto que hasta ahora no pasan de ser una anécdota, ya que con una fusión cada tres años no tendríamos el mapa de planta local que necesitamos hasta dentro de más de un siglo. También es verdad que la Xunta es la única Comunidad que apuesta por este movimiento, habiendo creado un Fondo para ello dotado en este ejercicio con más de 2 millones de euros, aunque, a mi juicio, algo desenfocado, porque no se trata de repartir dinero entre quienes voluntariamente inicien su fusión sino de dedicar esos recursos a conseguir un proceso generalizado y en un tiempo razonable.

Por eso es urgente la creación, en el seno de la Xunta, de una oficina técnica con objeto de estudiar, programar, promover y proponer las fusiones que realmente necesita Galicia mediante la instauración, en un primer momento, de unos ámbitos territoriales que servirán de base a la configuración de los nuevos Ayuntamientos. Estos ámbitos territoriales estarían formados por todos aquellos pequeños municipios que se encuentren en unas isócronas de tiempo de entre 15 y 20 minutos de la capitalidad que se establezca, la cual, generalmente, será la capitalidad comarcal y/o aquellos otros municipios más desarrollados en población o en implantación de servicios, y funcionarían como Ayuntamientos fusionados pero sin estarlo.

La actuación de esta oficina tendría tres frentes:

1.- Coordinar con los Ayuntamientos afectados el período transitorio en que debe operar cada uno de esos ámbitos territoriales hasta la culminación de su proceso de fusión, siendo la encargada de financiar, con cargo al Fondo para fusiones, los gastos que se pudieran ocasionar, como unificación de planeamientos urbanísticos, gestión de servicios, obras para albergar los nuevos servicios y oficinas centrales, etc., aunque esto suponga que unos lleven más que otros, porque la igualdad no consiste en tratar a todos de la misma manera sino de forma diferente a las situaciones distintas, para que al final se encuentren en la misma posición, es decir, en iniciar la andadura de esos Ayuntamientos fusionados como si realmente fuesen nuevos, sin hipotecas ni gravámenes.

2.- Coordinar con los distintos departamentos autonómicos las convocatorias de ayudas y subvenciones dirigidas a los Ayuntamientos, de forma que tengan en cuenta esos ámbitos territoriales y su nueva forma de actuación, de manera que se optimicen recursos y se consigan mejores resultados, que supondrán mayores y mejores servicios y, con ellos, aumento del nivel de vida de los ciudadanos.

3.- Coordinar con las Diputaciones Provinciales la forma en que estas puedan ofertar determinados servicios de carácter supramunicipal, como la recogida y tratamiento de residuos, el ciclo completo del agua, etc., o, incluso, la centralización en determinados suministros o la instauración de una central de compras, de forma que se genere un importante ahorro, mucho mayor que el que se puede conseguir a través de figuras asociativas intermunicipales.

Con ello el proceso generalizado de fusiones se vería con naturalidad, una vez comprobados sus beneficios a través de esos ámbitos territoriales, consiguiéndose tras ellas una prestación de servicios equiparable a la de Ayuntamientos más grandes, con lo que no sólo se aumentaría el nivel de vida del rural sino que se frenaría su despoblación y se revitalizaría la economía familiar. Es decir, se haría política con mayúsculas, promoviendo la revolución local pendiente y el asentamiento de las bases necesarias para que, no el futuro, sino el presente Siglo XXI llegue definitivamente a todos los lugares de nuestro territorio, sin que haya que ir a buscarlo al pueblo de al lado.

Alejandro de Diego Gómez, secretario de Administración Local