El tax lease había sido declarado ilegal por el Ejecutivo comunitario en 2013. La Comisión consideró entonces que las bonificaciones otorgadas a los inversores eran ayudas de Estado ilegales que falsearon la competencia y beneficiaron a los astilleros españoles en detrimento del resto de los europeos. Por ello reclamaba a España que recuperase estas ayudas fiscales, concedidas entre 2007 y 2011, y valoradas en 126 millones de euros.

El Tribunal General  de la Unión Europea anuló en diciembre pasado  tal decisión, confirmando que no constituía ayuda de Estado, eximiendo a los inversores de devolver los beneficios fiscales obtenidos y condenando en costas a la Comisión.

Valoración de PYMAR

Tras confirmarse el recurso de la Comisión Europea a la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, Almudena López del Pozo, consejera delegada de PYMAR, sociedad que agrupa a los pequeños y medianos astilleros privados españoles, ha señalado que “la sentencia fue muy contundente, sólida y clara en sus términos al establecer que se había producido una actuación errónea de la Comisión y una manifiesta falta de motivación en la Decisión ahora anulada”.

López del Pozo cree firmemente que el recurso no tiene posibilidad de prosperar: “la estrategia de la Comisión es dilatoria, pero son conscientes de que no ganarán porque actuaron erróneamente".

La consejera delegada de PYMAR manifiesta que “de la misma forma que PYMAR supo hacer valer ante el Tribunal General la posición del sector español, seguiremos defendiendo como hasta ahora los intereses de los astilleros en todas las instancias”.