Según recoge la nota del Observatorio Municipal de Galicia, los ayuntamientos gallegos han optado por aplicar los menores tipos impositivos medios a nivel nacional para el IBI urbano, lo que, unido a cierto desfase en la actualización de los valores catastrales, provoca una reducida recaudación. El 53% de los ayuntamientos gallegos ha realizado su última revisión catastral entre 1984 y 2001, el 32% lo hicieron entre 2002 y 2011 y el 11% lo han hecho entre 2012 y 2016. Solo un 4% de los concellos gallegos lo han hecho entre 2017 y 2020.

Desde Red Localis consideran necesario realizar un esfuerzo por la actualización de los catastros, especialmente en aquellos ayuntamientos con un mayor desfase temporal, una tarea de responsabilidad compartida con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Además, sería recomendable, en la línea de lo señalado por la Comisión de Expertos de 2017 para la Reforma de la Financiación Territorial una mayor aproximación hacia los valores reales. Asimismo, a medida que aumenta el tamaño de la planta local se incrementan los tipos impositivos que se aplican. Con independencia del impuesto obligatorio, este comportamiento se da en todos municipios pertenecientes a las comunidades autónomas de régimen común. Esto puede explicar, continúa el análisis del Observatorio, la menor recaudación tributaria en aquellas comunidades con ayuntamientos de menor población, lo que pone en relieve la dualidad a la que se enfrenta el mundo local en su capacidad de obtención de ingresos, tal y como sucede en la  Galicia en los ayuntamientos ourensanos y lucenses, con menor población, frente a los de A Coruña y Pontevedra.

Menor capacidad recaudatoria respecto al IBI

Lo que marca las diferencias en la recaudación de los impuestos obligatorios entre ayuntamientos por comunidades autónomas es el IBI, en especial el IBI Urbano. En los ayuntamientos gallegos los porcentajes con relación a los ingresos no financieros sería la siguiente: IBI  (impuesto de bienes inmuebles, 24 %), IAE (impuesto de actividades económicas, 3,3%) e IVTM (impuesto de circulación, 5,3%), mientras que para la media los resultados serían de 29%, 3,2% y 4,6 %. Por lo tanto, se pone de manifiesto una menor capacidad recaudatoria en Galicia respecto al IBI, similar en cuanto al IAE y ligeramente superior en el IVTM.

Con relación al IVTM parece razonable, prosigue el autor del informe, Alberto Vaquero, orientar su funcionamiento hacia un impuesto “verde” y no como hasta ahora, donde la potestad de los municipios en la aplicación de bonificaciones por razones “ecológicas” puede provocar diferencias fiscales de calado. En este sentido, las valoraciones de los expertos confluyen hacia la necesidad de establecer una cuota fija, para compensar la utilización de las infraestructuras municipales y una variable, en función del comportamiento medioambiental del vehículo.

Finalmente, el autor del estudio considera necesarios cambios en la fiscalidad local. Esto pasaría no solo por seguir apostando por la imposición sobre los bienes inmuebles, sino también explorar otras vías, como puede ser gravar la renta individual y la actividad económica.