El informe elaborado por Alberto Vaquero García, codirector de la Red Localis, muestra una importante heterogeneidad del gasto en función del número de habitantes del ayuntamiento. Esto supone que los ayuntamientos con menor población deben realizar un esfuerzo mayor que aquellos con más habitantes.

Los datos así lo muestran. Por ejemplo, en  servicios públicos básicos (seguridad y movilidad ciudadana, vivienda, urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente), los ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes destinan 426 euros per cápita, cifra similar, 455 euros, a la de municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes. Para los gastos de funcionamiento del ayuntamiento, los de menos de 5.000 habitantes destinan 247 euros per cápita frente a los 166 euros de media. Y con respecto a actuaciones de carácter económico, los ayuntamientos con menor población destinan el 12% de su presupuesto frente al 8% de la media.

Esta distinción entre ayuntamientos ayuda a orientar las políticas de gasto municipal, y a la vez, a conocer las prioridades funcionales de los mismos, lo que condicionará el bienestar de los administrados. De esta manera, los ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes tienen que dedicar una parte mayor de sus presupuestos al pago de los intereses de la deuda pública. Además, se ven obligados a destinar muchos más fondos por habitante a servicios públicos básicos, en términos absolutos, que otros con más población.

Otro hecho que se extrae del informe es que a medida que aumenta el número de habitantes de los ayuntamientos, se reduce el gasto en actuaciones de protección y promoción social, puesto que el coste por habitante de los servicios resulta menor. De un modo similar, el peso de las actuaciones de carácter general es también más bajo, debido a la existencia de economías de escala en este tipo de servicios. Además, la relevancia per cápita del gasto en actuaciones de carácter económico también disminuye.

Con respecto a la media nacional, en general, los ayuntamientos gallegos destinan mucho menos al pago de la deuda, a la producción de bienes públicos de carácter preferente y al gasto de carácter general.

Todos estos resultados ponen en consideración la obligatoriedad, o no, de la prestación de ciertos servicios públicos. Por una parte, algunos de ellos deben garantizarse siempre, independientemente del número de habitantes. Por otra parte, a medida que aumenta el tamaño de la población se incrementa también el número de servicios proporcionados y su calidad, como consecuencia de una mayor capacidad fiscal por parte de los ayuntamientos.

Con el fin de conseguir un mejor uso de los recursos públicos es necesaria una reflexión sobre el tamaño poblacional de la planta local.En este sentido, la creación de mancomunidades municipales, las fusiones de municipios o la prestación conjunta de servicios a través de consorcios, áreas metropolitanas y diputaciones provinciales, entre otras, pueden ayudar al objetivo planteado.