Investigadores de los grupos de investigación en Economía Ecológica, y REDE de la Universidad de Vigo, en particular los profesores Xavier Simón, María Montero y Damián Copena, fueron los responsables de la  elaboración de este informe, que estima que el impacto que tuvo la energía eólica en propietarios y ayuntamientos del medio rural gallego fue de 27,86 millones de euros en el 2017. En esta cifra se suman alquileres, expropiaciones e impuestos como el IBI, IAE, ICIO y el Canon eólico. Supone esta cantidad alrededor del 5% de la facturación total estimada por la venta de energía procedente de los parques eólicos. Además, las compensaciones medias que reciben los concellos multiplican por 12 las que reciben los propietarios de las tierras en las que están instaladas las plantas eólicas. Tal y como se señala en el informe, el Observatorio Eólico de Galicia considera que esas rentas podrían ser superiores sin que eso comprometiera el proceso de transición energética. 

"Somos muy conscientes de que la energía eólica es el petróleo de Galicia", afirmó durante la presentación del estudio el presidente de la Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez. "La energía eólica, y las energías renovables en general, son un patrimonio muy importante para Galicia por lo que hay que regular quien accede a ellas y de que manera".

El sistema diseñado para la implantación de la energía eólica tuvo como objetivo fundamental a colocación del mayor número posible de parques eólicos. Sin embargo, desde el punto de vista del Observatorio Eólico de Galicia, no se tuvo suficientemente en cuenta los impactos económicos en el mundo rural. Por una parte, el marco regulador no le concedió a los habitantes del mundo rural ni a los propietarios de los terrenos afectados por las centrales eólicas capacidad de decisión, sin poder tener un papel en la planificación del desarrollo eólico y sin la capacidad de autoxestionar el recurso viento.

Por otra parte, el marco regulador otorgó a las empresas promotoras derechos claves que explican el éxito en la instalación de parques eólicos. Por ejemplo, el derecho de solicitar la declaración de utilidad pública de los parques eólicos en tramitación administrativa con la consiguiente posibilidad de la expropiación de los terrenos eólicos afectados por las centrales.

Hubo algunas excepciones, llevadas a cabo por algunos ayuntamientos que tuvieron la oportunidad de desarrollar pequeños parques eólicos, como fue el caso de los denominados parques eólicos singulares. Además, desde 2010, los Ayuntamientos también se benefician de nuevos ingresos vinculados con el impacto paisajístico de los parques eólicos que son recaudados por medio del Canon Eólico y repartidos entre los ayuntamientos siguiendo diversos criterios. Los ayuntamientos también son los receptores de diversos impuestos que recaen sobre los parques eólicos por lo que mejoran su tesorería y benefician indirectamente a las comunidades rurales.

El representante de la Fundación Isla Couto, Xavier Martínez Cobas, habló sobre la importancia de la existencia de un organismo independiente como el OEGA que monitorice, recopile y analice todos estos datos. "En el contexto actual, en el que estamos asistiendo a una transformación histórica de las fuentes de energía es necesario poner en valor y dotar de instrumentos y de información a la gente, para que podan participar de manera más equilibrada en los procesos de negociación con las empresas eólicas", explicó.

Propuestas de cambio en la organización del sector eólico en Galicia

El director del observatorio y profesor de la Universidad de Vigo, Xavier Simón, explicó los dos tipos de medidas que, desde el Observatorio Eólico de Galicia, consideran que mejorarían la situación actual. Entre las propuestas dentro del marco normativo actualmente vigente destaca el fomento de que los impuestos con gestión municipal se configuren con los tipos de gravamen máximos, el incremento de la justicia distributiva de la totalidad de lo recaudado en el Canon Eólico, así como la definición y apuesta de un contrato tipo que ampare a todas las partes y el incremento del nivel de transparencia.

Entre las modificaciones normativas que permitirían continuar con el proceso de transición energética dando mayor participación al mundo rural e incrementando los flujos de renta y la distribución de la energía generada por la energía eólica, el OEGA destaca el fomento de parques eólicos comunitarios, la recuperación del deber legal de justificar los motivos por los que no se llega a acuerdo entre propietarios y promotores y el cambio del diseño del Canon Eólico y del Fondo de Compensación Ambiental. También sería necesaria la recuperación de la figura de los parques eólicos singulares, los protocolos de comunicación entre promotores y actores locales además de ofrecer la participación en el capital social de las empresas eólicas.

El objetivo es que este proceso de transición energética se realice mejorando la distribución de rentas entre todos los agentes de la cadena de valor eólica, contribuyendo al desarrollo del espacio rural gallego.