Señalan desde Red Localis que el impacto económico y presupuestario de la nueva redacción de los artículos que regulan el IIVTNU (impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) es compleja por la amplía casuística de los potenciales hechos imponibles y por la existencia de un doble sistema de cálculo que dificulta determinar la incidencia final de la reforma.

Aunque se avanza en ajustar el impuesto a otros, como el IRPF, que gravan las plusvalías reales, Alberto Vaquero y Miguel Ángel Santirso,  los autores del documento de Red Localis que fue presentado este viernes en Santiago, consideran que es necesario ir más allá. Indican que, si se quiere mantener este impuesto potestativo, es necesario mejorar la construcción de la base imponible y pensar en si las no sujeciones al impuesto son las adecuadas.

Los expertos consideran que existe una importante capacidad fiscal no aprovechada en el IIVTNU en Galicia. Únicamente está implantado en el 36,6% de los ayuntamientos, mientas que el porcentaje para la media estatal de ayuntamientos de régimen común es del 49,2%, por ello los investigadores de Red Localis aseguran que el IIVTNU presenta un gran potencial como instrumento financiero en las poblaciones de mayor tamaño.

Su implantación es muy distinta según las provincias, oscilando entre el 13,4% de Lugo o el 14,1% de Ourense al 66,1% de los ayuntamientos de Pontevedra. Los ayuntamientos que aplican un mayor porcentaje son los de A Coruña y Pontevedra. Los que menos, Ourense y Lugo.

Recomendaciones de Red Localis

De ahí que los expertos consideren urgente una revisión catastral de los valores de los inmuebles para mejorar la capacidad fiscal del IIVTNU (y de otros impuestos, como el IBI). Una actualización permitiría detectar posibles bolsas de fraude y mejoraría la capacidad tributaria propia de la administración local.

En cuanto a la liquidación y recaudación del tributo, el estudio señala que existen dificultades y costes añadidos, los porcentajes de cobros de los impagados son bajos debida a la carencia de medidas legales adicionales al aseguramiento del pago del tributo distinto al propio procedimiento de apremio.

Por ello, los expertos recomiendan el diseño de una respuesta en relación con el impago. Proponen, en concreto, contar con algún tipo de afección del inmueble que se pretende transmitir. Esta vía reduciría notablemente las altas cifras de ingresos no recaudados por este tributo.

También los autores apuntan hacia una simplificación de la gestión, además de una imprescindible generalización de convenios entre los ayuntamientos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Agencias Tributarias Autonómicas (la ATRIGA para el caso de Galicia).

Finalmente, en cuanto a los resultados en materia de recaudación tras la última reforma legislativa, no es posible evaluar correctamente su impacto, por lo que habrá que esperar a contar con datos suficientes para su análisis.