Un 70,1% de entidades locales
Galicia, tercera Comunidad más cumplidora presentando la cuenta general de sus entidades locales
Según datos del Observatorio Municipal Gallego, Galicia está entre las Comunidades Autónomas más cumplidoras en la presentación de la cuenta general de sus entidades locales, con un 70,1% en 2022. Sin embargo, más del 70% de los ayuntamientos gallegos incumple los plazos estipulados para presentar en plazo sus presupuestos municipales.
Las diputaciones y los ayuntamientos de mayor tamaño son las entidades que mejor nivel de cumplimiento alcanzan mientras que las mancomunidades de municipios y las entidades locales menores presentan un peor indicador.
Según aumenta el tamaño poblacional, el grado de cumplimiento por los ayuntamientos es mayor, oscilando entre el 84,15 de los ayuntamientos con una población inferior a los 500 habitantes y el 94,8% para aquellos con una población de más de 100.000 habitantes.
El 28,1% de los ayuntamientos gallegos presentaron sus presupuestos de 2021 dentro del plazo estipulado y el 70,6% lo hicieron fuera de ese plazo. Por tamaño poblacional los ayuntamientos menos cumplidores son los de 10.001 a 20.000 habitantes, ya que el 81,8% lo hacen fuera de plazo.
De los 221 ayuntamientos gallegos que presentaron sus presupuestos fuera de plazo, la mayor parte, el 35,4%, lo hicieron con un retraso de hasta 90 días; un 15,9% registraron un retraso entre 90 y 180 días y el 19,2% lo hicieron con un retraso de más de 180 días.
En el conjunto de España, Aragón y la Comunidad Valenciana encabezan el ránking de comunidades más cumplidoras en el año 2022, con una tasa de cumplimiento del 75,5%, y 73,9%, respectivamente.
Por contra, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y la Región de Murcia muestran un retraso importante en la presentación de las cuentas de sus entidades locales.
Los datos observados apuntan a la necesidad de realizar un estudio de sus causas y, paralelamente, establecer algún tipo de mecanismo para acortarlos. Entre ellos, los expertos proponen condicionar las subvenciones a los municipios, a que cumplan con la rendición de cuentas a los órganos de control externo.