Los resultados del análisis de los datos realizado por el Foro Económico de Galicia, tanto del estado de confinamiento que denominan “moderado”, como de aquel donde la actividad ha quedado limitada a las esenciales, muestran la profundidad del efecto contractivo de esta primera fase. Las seis semanas de confinamiento por el estado de alarma (del 15 de marzo al 26 de abril) supondrán una pérdida aproximada de un 5,6% del PIB gallego; es decir unos 3.500 millones de euros. En caso de que el confinamiento se amplíe hasta las 8 semanas, para rematar a mediados de mayo, la pérdida podría llegar al 7,4% del PIB, lo que equivale a unos 4.600 millones de euros.

En un escenario optimista, el Foro Económico estima que es posible que las pérdidas puedan generar un “efecto rebote” por embalsamiento de decisiones de gasto en los próximos meses, siempre y cuando la crisis se resuelva pronto y con éxito, con el descubrimiento de tratamientos eficaces hasta que se pueda disponer de una vacuna. Este es el escenario de la ya conocida y ansiada “curva” en forma de V.

Pero, desafortunadamente, no es ésta la única posibilidad, subrayan desde el Foro. La persistencia de las medidas de control en los próximos meses y las restricciones a la movilidad, pueden generar una distorsión aún mayor en la actividad económica. No es descartable una segunda oleada de la pandemia, algo que prorrogaría en el tiempo el impacto en sectores como el turismo.

Crisis "global y simétrica"

Los expertos del Foro Económico consideran que estamos ante una crisis “global y simétrica”- porque afecta tanto a la oferta como a la demanda- que ha provocado una pérdida importante de riqueza financiera y tensiones en la liquidez de las familias y empresas. Recomiendan estar preparados para asumir una fuerte contracción del PIB en la primera parte del año y hacer todo los posible para que a partir del segundo semestre se inicie una paulatina recuperación de la actividad económica.

En este sentido los autores del informe recalcan la necesidad de que las medidas que se adopten "cuenten con un amplio apoyo alrededor de una propuesta integral, con un sólido compromiso social y político" e insisten en el papel fundamental de la coordinación de los esfuerzos en todos los niveles institucionales (internacional, nacional y autonómico). Para ello, advierte el informe, "se necesita un liderazgo fuerte, transparencia en los datos para diseñar las políticas adecuadas y una colaboración estrecha entre los agentes implicados, que transmitan confianza a las familias y a las empresas".