Los datos incluidos en la memoria de Asociación de Empresarios de la Construcción de Ourense (ACO) dibujan "un escenario en el que el sector de la construcción, una vez más, ha sido capaz de mantener la actividad y el empleo gracias a la iniciativa privada, hoy centrada en la rehabilitación y reforma de edificios y viviendas, frente a una inversión pública que ha batido marcas en negativo", señalan desde la propia ACO.

En 2019, la licitación de obras por parte de las administraciones públicas en la provincia de Ourense descendió un 73,16 % (casi 114,5 millones de euros frente a los 426,5 millones de 2018). Una reducción en la que participaron la práctica totalidad de las administraciones, con especial incidencia del Estado que el pasado año disminuyó su inversión un 88,15 %. El descenso de Ourense es el más acusado de las cuatro provincias gallegas, ya que en A Coruña la caída fue del 16,03 % (349,7 millones de euros), mientras que en Lugo y en Pontevedra la obra pública aumentó un 56,49 % y 18,46 %, respectivamente, hasta los 136,3 y 312,9 millones de euros

A mes de octubre de 2020 –últimos datos disponibles- la situación no ha variado, con un descenso de la licitación del 44,98 %, pasando de los 101,7 millones de euros de 2019 a 55,9 millones en estos diez meses. Ourense es, de nuevo la provincia gallega en la que se reduce más la licitación en este año, pues la caída en Lugo es del 15,14 % y la de A Coruña de apenas el 5 %, mientras que en Pontevedra crece un 7,04 %. En términos absolutos, las licitaciones públicas alcanzan en 2020 los 290,6 millones de euros en Pontevedra, los 285,3 en A Coruña, y los 89,3 en Lugo.

De nuevo, subrayan desde ACO, "cifras preocupantes para la provincia de Ourense donde las administraciones con más capacidad de inversión, como la Xunta de Galicia y el Estado, son las que menos actividad licitadora presentan. En este punto cabe destacar un dato preocupante ya observado en ejercicios anteriores, como es la escasa inversión que realizan los concellos ourensanos, con poco más de 12,6 millones y un descenso cercano al 40 %".

Todos estos indicadores, y de modo particular la evolución por provincias entre enero y octubre de 2016 a 2020, permiten comprobar cómo Ourense sigue a la cola de Galicia en licitación pública, excepto en los años con inversiones notables destinadas al AVE, como en 2018.

Infraestructuras pendientes

Unos datos demoledores para una provincia que aún espera por necesarias infraestructuras como la autovía A-56 (Ourense-Lugo), con proyectos realizados, terrenos disponibles y tramos licitados, pero donde se rescindieron contratos a los adjudicatarios; la A-76 (Ourense-Ponferrada); la circunvalación norte; el vial transfronterizo entre el nordeste de Portugal (A-52-estación del AVE en A Gudiña); la reforma de la C-533 entre A Rúa y A Gudiña; la continuación de la autovía de Celanova hasta la frontera portuguesa; la continuación del enlace entre la A-52 y el polígono industrial de San Cibrao das Viñas; o el tramo pendiente del AVE entre Taboadela y Ourense, entre otras.

Vivienda

Por lo que respecta a la vivienda, las cifras no dejan lugar a dudas sobre las preferencias de los ourensanos a la hora de adquirir un piso, ya sea para residencia o como inversión frente a los tipos bajos de interés de las entidades bancarias, optando por la segunda mano. Un claro síntoma de la escasez de vivienda nueva en el mercado, fundamentalmente en la capital debido a la ausencia del PXOM.

Aun así, en 2019 se registró un nuevo aumento –el tercero consecutivo- en la compraventa de vivienda nueva, un 1,80 % más con 453 operaciones, frente al descenso de la usada con un 7,51 % menos pero, eso sí, con 1.231 operaciones. A septiembre de 2020, las actuales circunstancias provocaron una caída del mercado del 15,35 % con 1.064 compraventas, con descensos en la vivienda nueva (-19,08 % y 280 operaciones) y usada (-13,94 % y 784 operaciones). Señalar también una estabilización en 2019 de las hipotecas, en el entorno de los 80 millones de euros (un 0,10 % más). A mes de agosto de 2020 se registraba sin embargo un descenso del 3,33 %, con un aumento de hipotecas sobre vivienda nueva al pasar de las 658 registradas en el mismo periodo del año anterior a las actuales 762.

Empleo

Pese a todo, el sector de la construcción ha demostrado su capacidad para mantener puestos de trabajo y alcanzar mínimos históricos en el desempleo. El año 2019 finalizó con una media de empleo en la provincia de Ourense de 8.466 personas, un 2,67 % menos, y a mes de octubre del presente año la cifra media alcanzaba los 8.209 trabajadores, con un descenso del 3,11 % en el tercer trimestre. Por lo que respecta a la media del paro, el pasado año concluyó con 1.506 desempleados (un 13,31 % menos), con 1.549 trabajadores sin actividad en octubre de este año y un aumento del 2,14 % en el tercer trimestre.

El presidente de ACO, Santiago Ferreiro, sostiene que para superar la crisis provocada por la pandemia “la mejor política social que podemos poner en marcha es la creación de empleo”. De hecho, afirma, “el sector ve con preocupación los mínimos históricos que marca el paro, pues en el momento de la recuperación necesitaremos mano de obra que hoy no está disponible en el mercado laboral, y podemos convertirnos en una gran fuente de empleo, diferente al que conocíamos, más cualificado, especializado y atractivo para los jóvenes”.

Conscientes de este problema y en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, ACO participa en el programa “Construyendo Empleo”, en el que ejercerá como agente mediador para conocer qué puestos necesitan cubrir las empresas y, en consecuencia, atraer y formar a nuevos profesionales o mejorar la cualificación de los ya existentes.

Así ha ocurrido en cierto modo tras la crisis económica, “cuando el sector de la construcción se vio obligado a buscar nuevos nichos de mercado, encontrando una importante cartera de trabajo en la rehabilitación y reforma de edificios y viviendas”, señala el presidente de ACO, quien subraya que esta actividad “ha experimentado un fuerte incremento en este contexto de pandemia, ya que tras el confinamiento los ciudadanos han puesto en valor la calidad de sus hogares y, por otra parte, muchas familias han decidido rehacer sus vidas en villas y pueblos, acondicionando viviendas familiares o comprando inmuebles que precisan de importantes reformas”.

En este punto, Santiago Ferreiro explica que el promedio de trabajadores ocupados en la rehabilitación en países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Bélgica o Portugal, es del 3,9%, frente al 2,2% de España. “Si llegásemos a estos niveles podríamos generar alrededor de 1.700 nuevos empleos en la provincia, absorbiendo el paro que se está produciendo en otros sectores por la situación actual”.

Propuestas del sector

Para alcanzar este objetivo, el sector propone entre otras líneas de actuación un plan de rehabilitación de edificios y fachadas, con programas específicos para viviendas en el rural, además de acciones dirigidas a la mejora del aislamiento acústico y térmico, incidiendo en la mejora de la eficiencia energética. Y para impulsar el empleo en general, planes de construcción y conservación de infraestructuras asistenciales (médicas, educativas, deportivas, de atención a mayores y personas en situación de vulnerabilidad), así como infraestructuras de transporte y agua (abastecimiento, saneamiento y tratamiento).

Para materializar estas propuestas, destaca el presidente de la asociación, “es imprescindible agilizar la concesión de permisos y licencias municipales para reducir plazos, impulsar la digitalización de la administración, simplificar y revisar la normativa urbanística, incrementar los supuestos de “silencio positivo” y poner a disposición de los particulares subvenciones o bonificaciones de tasas e impuestos, reduciendo el IVA de la rehabilitación como han hecho nuestros vecinos portugueses (luchando así de paso contra la competencia desleal y la economía sumergida), o los ecopréstamos a tipo cero como en Francia y que podrían articularse a través del ICO”.

Pero en el caso de Ourense, lamenta Santiago Ferreiro, “los condicionantes aún son mayores ante la crisis política que vive la capital, una ciudad lastrada antes de la pandemia por la ausencia del PXOM y unos injustificables retrasos en la concesión de permisos y licencias, y ahora por los intereses partidistas que impiden un acuerdo de gobernabilidad y que frenan cualquier iniciativa inversora e hipotecan el futuro de los ourensanos”.

El presidente de ACO defiende un sector que produce la mayor actividad económica inducida, 1,92 euros por cada euro invertido y con un retorno fiscal del 49%. Es la que él denomina como “industria de la construcción”, pues la inversión en vivienda e infraestructuras tiene un efecto multiplicador en numerosos ámbitos como la fabricación de materiales, instalaciones, alquiler de maquinaria, transformación de la madera, movilidad sostenible, consumo de carburantes, hostelería, banca o seguros, entre otros muchos.