Los expertos de Red Localis consideran que ayuntamientos y diputaciones gallegas cuentan con una excelente salud financiera, lo que les permite jugar un papel muy significativo ante la delicada situación económica y social provocada por la pandemia. Las entidades locales gozan de capacidad económica-financiera para afrontar gastos y es la administración más cercana a las necesidades básicas a la ciudadanía. Dos razones de peso para cumplir con el objetivo de complementar el papel que deben desempeñar la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

En este sentido desde la Red Localis se sugiere que, en la línea de lo aprobado por el Ministerio de Hacienda, la suspensión de las reglas fiscales se deben ampliar hasta el año 2022. También se recomienda que las ayudas fiscales, aunque necesarias, deben ser coyunturales y complementadas con otras vías, como la reducción de los trámites administrativos desde la óptica local.

Durante el 2020 y lo que llevamos del 2021 el infome del Observatorio Municipal Gallego crecoge que las siete grades ciudades gallegas han aplicado dos medidas de calado en el calendario fiscal. Fundamentalmente están basadas en la ampliación de los plazos para el pago de impuestos y tasas, y en la introducción de exenciones en aquellos tributos con mayor repercusión en el comercio, hostelería y turismo, que han sido precisamente las actividades más castigadas por la COVID-19.

Medidas fiscales o ayudas directas

Puesta la lupa en el comportamiento de los concellos, el estudio indica que Ourense, Vigo y Pontevedra son los que menos rebajas fiscales han aplicado para combatir los efectos económicos y sociales de la covid-19, tanto en el 2020 como en el 2021. Por el contrario, Ferrol, Santiago y A Coruña son los que más han apostado por la via de las rebajas fiscales. Finalmente los ayuntamientos que más han utilizado o tienen previsto aplicar ayudas directas han sido los de Pontevedra, Santiago, Lugo y Ourense.