Los indicadores muestran una situación económica-financiera saneada, que posibilitaría no solo pensar en ayudas concretas para favorecer el mantenimiento del tejido productivo, tan dañado por las repercusiones económicas y sociales de la covid-19, sino en actuaciones menos exigentes para las cuentas públicas locales, como pueden ser la reducción del período medio de pago a proveedores o la disminución del importe adeudado.

Los datos presentados posibilitan favorecer, desde la óptica pública, el cuidado y la atención del tejido económico local y el desarrollo de políticas públicas para la ciudadanía. La deuda viva per cápita en 2018 era de 93 euros, mientras que el remanente de tesorería ascendía a los 499 euros por habitante. En este año, el total de deuda viva de los ayuntamientos gallegos era de 251,4 millones de euros, frente a los 1.347 millones de remanente. En consecuencia, la deuda no llegaba a representar ni el 19 % de los ahorros generados.

En términos relativos respecto a los ingresos corrientes, como indicador proxy de la capacidad de satisfacer los importes adeudados, la deuda suponía en 2018 el 11 %. El remanente de tesorería ascendía al 59% de los ingresos corrientes. Ambos indicadores refuerzan el planteamiento del alto grado de saneamiento económico-financiero de los ayuntamientos gallegos.

Una conclusión similar se puede obtener del importe de pagos pendientes, que en 2018 representaban 122,4 millones de euros, esto es 45 euros por habitante. Y lo mismo respecto al período medio de pago, cifrado en 38 días, un resultado muy cercano a los 30 días que establece la normativa.

Elevados remanentes

Dado la elevada cifra de remanente de los ayuntamientos gallegos, los expertos de Red Localis, entidad que gestiona el Observatorio Municipal Gallego, recomiendan suspender las reglas fiscales no solo para el ejercicio económico 2020 y 2021, sino ir más allá, estableciendo un escenario más a medio plazo.

La actual situación de incertidumbre económica y social precisa de una adecuación de las reglas de funcionamiento de todas las Administraciones Públicas, y, en particular de los municipios por dos motivos: su capacidad económica-financiera para afrontar gastos y por tratarse de la administración pública más cercana al ciudadano.

Una segunda alternativa a plantear sería reactivar el tejido económico que provee a las entidades locales gallegas reduciendo los trámites administrativos.

En este sentido, es necesario, para recuperar el pulso económico en esta segunda oleada de la pandemia, potenciar la ventanilla única en todos los municipios de Galicia, contar con personal en los ayuntamientos que mejore la comunicación con las empresas, disponer de una ordenanza única reguladora para la prestación de servicios y potenciar el papel de las Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (ECCOM).