Según datos difundidos en un informe del Círculo de Empresarios de Galicia, el 23,17 % de las reclamaciones interpuestas ante los tribunales económico-administrativos (10.096 en total en 2019) contra resoluciones de las haciendas autonómicas sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se dieron en Galicia. Ese porcentaje se reduce a casi el 10 % en el caso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, una tasa que, no obstante, sigue estando muy por encima de lo que representa Galicia en el conjunto de España en términos de población, PIB, empresas o empleo.

No obstante, en el análisis de las estadísticas de las memorias de los Tribunales Económico-Administrativos de España, lo especialmente llamativo sigue siendo el altísimo grado de anulación de las resoluciones de ATRIGA, la Hacienda gallega, que al igual que en ejercicios anteriores se sitúa en torno al 80 % en Sucesiones y el 75 % en Transmisiones Patrimoniales.

Si bien el número de reclamaciones ha caído ligeramente en 2019, Galicia sigue presentando la peor ratio de España en estimaciones de reclamaciones contra la agencia gallega en el caso del primero de estos impuestos (Sucesiones), 15 puntos por encima de la media española.

En el caso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el nivel de estimación de las reclamaciones gallegas alcanza casi el 77 %, 11 puntos por encima de la media española, y solo superado por Cantabria y Aragón.

Necesidad de un órgano de control

No es la primera vez que el Círculo de Empresarios de Galicia muestra su preocupación por la alta litigiosidad fiscal en nuestra comunidad y por el alto grado de anulación de las resoluciones de ATRIGA. A juicio de Círculo, esto debe ser reparado "con urgencia, en aras de garantizar que los contribuyentes soportan comprobaciones y liquidaciones tributarias justas".

En especial Círculo quiere denunciar que esa alta litigiosidad en el Impuesto sobre Sucesiones, trae causa de la negativa de la ATRIGA a admitir la reducción en el impuesto de las empresas familiares. La legislación gallega transcribe fielmente las recomendaciones de la Comisión Europea de eximir la fiscalidad de la transmisión mortis causa de la pequeña y mediana empresa, esencial para la conservación del tejido empresarial europeo.

"Sin embargo, en la interpretación y aplicación de esta legislación favorecedora de la continuidad empresarial, la norma se reinterpreta por la ATRIGA; se retuerce e inaplica de plano, causando un daño superlativo al tejido empresarial, que luego, años más tarde, repara el Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia, sólo si la empresa pudo superar el pago desorbitado de una liquidación tributaria injusta", valoran desde la asociación empresarial. "Este daño, que afecta a los pequeños y medianos empresarios gallegos, exige esta enérgica reacción del Círculo de Empresarios de Galicia, pues la defensa de empresa y del progreso económico de Galicia está en nuestro ADN", añaden..

A falta de un avance en la necesaria armonización fiscal entre las autonomías españolas y, posteriormente, en la armonización fiscal europea, Círculo considera necesario buscar fórmulas "para articular un órgano de control de calidad que fije los criterios interpretativos de la legislación fiscal propia y, de esta manera, contribuya a reducir la alta litigiosidad y a mejorar las ratios antedichas".

Para ello, Círculo intentará retomar las conversaciones iniciadas, conjuntamente con otras entidades, en 2019 con la Consellería de Facenda y ATRIGA, que se vieron interrumpidas por falta de interés de la Consellería de Facenda.