Los centros especiales de empleo tienen una plantilla formada por personas con discapacidad al menos en un 70%. Todos ellos generan un beneficio social y económico, pero sólo los de iniciativa social no persiguen el lucro. En los últimos años, se ha producido un importante crecimiento en el número de estos centros, de ahí que Cegasal encargase en 2020 un estudio al respecto a la Cooperativa Abeluria para reseñar las virtudes de aquellos centros que desprecian el lucro económico y se centran en el beneficio social.

El apoyo de las administraciones a los centros especiales de empleo ha propiciado su crecimiento en los últimos años, destacando entre los más recientes el ánimo de lucro. Por lo tanto, resultaba imperativo analizar estos dos modelos de empresa a través de distintas ópticas: sociológica, económica, a nivel de empleo, de discapacidad y de entorno geográfico.

En julio de 2020, Galicia contaba con 110 centros especiales de empleo (CEE), de los cuales un 45% cuenta con la calificación de SAL (Sin Ánimo de Lucro) o la solicitaron este año. Es decir, más de la mitad buscaban ya el rendimiento económico para producir ganancias a sus responsables. La provincia de A Coruña alberga el 70% de la totalidad de los centros, mientras que en Ourense es donde menos hay. Además, un 18% de los CEE de Galicia cuenta con domicilio social fuera de la autonomía.

La primera confrontación de intereses entre unos centros y otros se denota ya en su ubicación. Los CEE están situados mayoritariamente en zonas urbanas, aunque los sin ánimo de lucro tienen una presencia en el rural bastante superior. Tal dato, colige el estudio, “da cuenta de la mayor adaptación al territorio” de estas firmas y añade que contribuyen “además de la función social de generación de empleo para personas con discapacidad, a la fijación de población en este territorio”.

También en creación de empleo existe una notoria diferencia. A 31 de diciembre de 2019, los centros especiales en global registraban 3.596 trabajadores, con un 88% de personas con algún tipo de discapacidad, y las entidades de iniciativa social suponen un 62,85% del total pese a que suponen sólo el 45% de las entidades existentes en Galicia. Además, no sólo generan más puestos de trabajo, sino también de mayor calidad. La estabilidad es común en el sector, “siendo la mayoría de sus contrataciones fijas y a jornada completa”, pero en los centros sin ánimo de lucro llega al 66,56%, frente al 53,3% de los otros.

Como no podía ser de otra forma, esta apuesta decidida por el empleo tiene su reflejo en las cuentas a través de gastos de personal, visto como una inversión y un fin en sí mismo por un lado o como un mero gasto por otro. Así, este capítulo financiero es sensiblemente superior en las entidades que no buscan el lucro, “lo que destaca la vocación generadora de empleo de los centros de iniciativa social”.

En cuanto a su solvencia, son de nuevo los centros sin ánimo de lucro los que muestran un patrimonio neto superior y un menor endeudamiento, “lo que les otorga una mayor fortaleza financiera al contar con mayor dotación de fondos propios”. Y sin olvidar como pilar fundamental la formación. Los centros de iniciativa social son los que cuentan con una mejor cualificación en un sector en el que la media se sitúa en el Bachillerato para las personas con discapacidad y en FP superior en el caso de los empleados sin ella.

Tipo de contrato y media de edad

El estudio de Abeluria sirve también para pulsar la realidad de todos los centros especial de empleo. La mayor parte de sus trabajadores son hombres, “identificándose una clara brecha de género que es más marcada en el caso de las entidades SAL”, y la discapacidad física tiene un grado inferior al 64%. La franja de edad más presente, con independencia del sexo, es de más de 45 años. La baja empleabilidad de los jóvenes en estas empresas incide en la tardía incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad derivada “de una dilatada capacitación o porque tengan mayor acceso al mercado ordinario”. En todo caso, el estudio identifica un techo de cristal generalizado en lo que se refiere al acceso de las personas con discapacidad a puestos directivos. Un 50% de los CEE toman como referencia el convenio colectivo gallego de centros especiales de empleo, mientras que los restantes se ciñen al de su actividad empresarial.

En lo que respecta a la óptica financiera, la mayoría de los CEE son empresas que, por su tamaño, podrían encuadrarse en la denominación de pymes, “aunque en los últimos años aumentasen su tamaño y la cifra de negocio”. Existen en todos los sectores, pero la mayoría se dan en el ámbito de los servicios.

Este estudio encargado por Cegasal se enmarca en el programa de actuación 2020 de la Rede EuSumo, impulsada por la Secretaría Xeral de Emprego de la Xunta de Galicia para el fomento del cooperativismo y de la economía social que cuenta con financiación del Ministerio de Trabajo y Economía Social.