El Real Aero Club de Santiago fue el escenario de la jornada, que fue inaugurada por la secretaria de la Cámara compostelana, Rosa Mary Cardeso, y que contó con la participación de José Nogueira, socio director del Bufete Jurídico Tecnológico Sistemius, quien hizo una breve introducción al compliance. Por su parte,  Alba Lema, abogada especialista en Compliance Penitenciaria y directora del Programa Ejecutivo Corporate Compliance de la Escuela Finanzas de A Coruña, trató las ventajas del compliance para las organizaciones en tener de reputación y competitividad; y Rubén Veiga, abogado especialista en compliance penal y vocal de la Sección de Compliance del Colegio de Abogados de A Coruña, fue el encargado de presentar una Guía de implementación de Compliance para Pymes; guía con la que fueron obsequiados los asistentes a la jornada.

Aunque hoy en día, el compliance es una prevención desde el punto de vista penal y una obligación, la guía supone para muchas pymes el primer paso en el cumplimiento y les permite resolver dudas. El cumplimiento no es burocracia, trabas, el cumplimiento debe suponer normalidad en los procesos y en las actividades y medidas de prevención ante posibles riesgos.

Según se explicó en la charla, el compliance penal debe entenderse como un plan de prevención de delitos en el seno de la empresa, donde la responsabilidad penal recae sobre los administradores de hecho o derecho. Los delitos que pueden cometerse recaen sobre la hacienda pública, las estafas, la propiedad intelectual, los datos informáticos, contra la salud pública, entre otros.

Así el compliance sirve para tener los mecanismos de salvaguarda ante riesgos como: el daño reputacional, multas y sanciones, pérdida de negocios e incluso exclusión de licitaciones. Son muchas las empresas que sin programas de compliance se pueden quedar fuera de mercados. Cada vez más empresas exigen que las pequeñas y medianas empresas con las que mantengan relaciones comerciales cuenten con uno programa de cumplimiento normativo. Incluso, en materia de contratación pública: las empresas condenadas pueden ser excluidas de los procedimientos de contratación y pérdida de subvención.