La política de prevención del blanqueo de capitales que surgió a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas, avanza y procede a regular de forma unitaria en la Ley 10/2010 los aspectos preventivos tanto del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo, que entró en vigor el pasado 4 de septiembre, mediante la modificación de su Disposición Adicional Única, a través del Real Decreto-ley 11/2018, estableciendo la obligación de inscripción en el Registro Mercantil tanto a personas físicas como jurídicas que prestan servicio a empresas.

Como queda recogido en la norma, son sujetos obligados las personas que realizan efectivamente el comercio de los bienes o el ejercicio de una serie de actividades entre las que se incluyen entre otras, la de los auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, abogados, procuradores y las personas que con carácter profesional presten servicios por cuenta de terceros, tales como constituir sociedades u otras personas jurídicas, ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad…

Para dar respuesta a la cantidad de dudas que ha generado la entrada en vigor de esta norma, el Colegio de Economistas de Ourense ha organizado un desayuno informativo que se desarrollará este martes 10 de septiembre en El Liceo de Ourense, a partir de las 9:30 horas. Participará Andrés Ylla García-Germán, registrador mercantil y de bienes muebles de Ourense. A la sesión asistirán un elevado número de profesionales interesados en las obligaciones de esta nueva normativa.