“La normativa 720 española, que no tiene equivalente en lo que respecta a los bienes o derechos que poseen los contribuyentes en el territorio nacional, establece una restricción a la libre circulación de capitales en la medida en que tiene como efecto disuadir a los residentes en España de transferir sus activos al extranjero”, indicó Caamaño, ante los más de 170 participantes que asisten de manera virtual a la X edición de las Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad, organizadas por el Colegio de Economistas de A Coruña. 

En su exposición, el socio-director de CCS Abogados realizó un minucioso análisis de la sentencia del TJUE del 27 de enero, deteniéndose en la motivación del Tribunal Europeo para tumbar el régimen español de 720. En primer lugar, se refirió al hecho de que la normativa adoptada por el legislador español no solo produce un efecto de imprescriptibilidad, sino también que permite a la Administración Tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente. Asimismo, la sanción del 150% del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de los derechos o bienes situados en el extranjero es desproporcionada, “pues se devenga automáticamente y no es graduable”, indicó Miguel Caamaño. Por último, indicó que el Tribunal Europeo en su argumentación aduce que constituye una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales el hecho de establecer para multas de cuantía fija en caso de incumplimiento cuyo importe es superior al previsto para infracciones similares en un contexto puramente nacional.

En cuanto a la situación en la que quedan tras, la sentencia de TJUE las sanciones impuestas y los recursos presentados, Caamaño expuso una triple estrategia: la vía de la revocación de oficio por parte de la Administración de dichas sanciones, en primer lugar; la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, “que existe desde un punto de vista puramente teórico, pero cuyo plazo temporal es totalmente disuasorio por el recorrido procesal que conllevaría el instar esta vía”, aseguró; y, por último, el procedimiento de nulidad de pleno derecho del artículo 217 de la Ley General Tributaria, sobre lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional “que también podría encajar, pero cuyo iter procesal no deja de ser complicado”, finalizó.  

En la primera parte de su ponencia, Caamaño hizo un repaso a las principales novedades en materia de recaudación tanto desde un punto de vista normativo como jurisprudencial.

Antes de la intervención de Caamaño, el presidente de los economistas coruñeses, Miguel A. Vázquez Taín, fue el encargado de inaugurar las jornadas. Estuvo acompañado en este arranque Victoria González Vázquez, directora de la ATRIGA; la delegada especial en Galicia de la AEAT, María Imelda Capote Martín; y por Agustín Fernández Pérez, director de las Jornadas y presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General.

Este primer día también contó con las ponencias de Luis del Amo y Rubén Gimeno, pertenecientes al Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, quienes introdujeron novedades tributarias que se presentan para el ejercicio 2022, y de David Pérez Basconcillos, profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Deusto, que centró su exposición en el régimen fiscal Foral del País Vasco.

Ponencias del viernes

Las Jornadas se cierran este viernes con otras tres ponencias sobre la retribución de administradores, la primera de ellas, las implicaciones fiscales de la resolución del ICAC sobre reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y prestación de servicios, a continuación, para cerrar con el estudio de los pronunciamientos judiciales y resoluciones económico administrativas recientes.