En la presentación de la publicación en la sede de la Cámara de Comercio de Santiago han estado también presentes el expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Pascual Sala, así como el catedrático de Derecho Penal Gonzalo Quintero Olivares, así como el presidente del ente cameral, Jesús Asorey.

Los autores han defendido que para modificar los contratos de las concesiones de servicios públicos no es suficiente apelar al interés general, sino que deben existir causas justificadas, según recoge la normativa europea.

Para Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal, “si la Administración decide recuperar la gestión de un servicio cedido –recuperación que no puede ser ni arbitraria, ni gratuita, ni contraria a los términos del contrato de concesión-, la Administración deberá también responder tanto en vía contencioso-administrativa como en vía penal por cómo recupera el servicio objeto de concesión”.

Colaboración público-privada

Ante la voluntad de algunos ayuntamientos de “remunicipalizar” servicios públicos, Francisco Caamaño ha descartado que la gestión directa sea siempre, por definición, la mejor opción. “Estamos ante un repliegue de lo privado que algunos preconizan como mejor defensa del interés general. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Creemos que la colaboración público-privada sigue siendo la receta fundamental en democracias avanzadas para mantener un nivel de garantía de los servicios públicos. No parece razonable que ideológicamente se intente demonizar la colaboración público-privada como una especie de enemigo del pueblo”.

Caamaño ha hablado de las ventajas de este modelo de gestión, destacando por ejemplo que “cuando un poder público no tiene suficientes recursos para abordar un servicio público puede abrirse a la colaboración privada, contando así con financiación y capacidades que no tiene en el momento de tomar la decisión”.

En esta misma línea se ha expresado el expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, quien añade que “la normativa europea no pone énfasis en quién presta el servicio –si la administración o un operador privado-, sino en que se gestione con eficacia y excelencia. Correlativamente están los deberes de garantía, vigilancia e inspección que tienen las administraciones públicas, que son las titulares del servicio”.

Sala ha añadido que “si la Administración pública tuviera que prestar directamente todos los servicios públicos, encontraría dificultades presupuestarias y sería el ciudadano quien pagaría las consecuencias de una prestación inadecuada”.

Por su parte, Jesús Asorey, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, ha manifestado que “actualmente servicios que se han prestado por parte de las empresas con eficiencia y calidad hoy se replantean por consideraciones exclusivamente ideológicas que nada tienen que ver con el buen servicios a los ciudadanos”.

El representante de la entidad también ha manifestado que “los empresarios necesitamos poder confiar plenamente en el cumplimiento de las condiciones pactadas con la Administración, donde la seguridad jurídica es fundamental para plantear una sana y constructiva colaboración entre lo público y lo privado”.