Tras la publicación el pasado 21 de febrero de la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las empresas de 50 o más empleados están obligados a implementar canales de denuncias internos. La ley tiene como objetivo proteger a todas las personas que denuncien corrupción o fraude y violaciones de la legislación de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno mediante el establecimiento de canales de denuncias protegidos y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.

Bajo el título ‘Nuevas obligaciones para las empresas: Canal de Denuncias y Compliance’ Laura Casal, directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh, expuso cuáles son las nuevas obligaciones de las empresas en materia de canales de denuncias que esta ley contempla.

Marisol Nóvoa, presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y José Manuel Nogueiras, director territorial de Abanca en Ourense, coincidieron en destacar la adecuación de los temas de "Nexos Encuentros por Ourense" a la actualidad empresarial, máxime cuando acaba de entrar en vigor "esta nueva Ley que obliga a todas las empresas de más de 49 trabajadores y a las entidades del sector público a implementar un canal ético o de denuncias confidenciales y seguros en el seno de las organizaciones", recordaba Nóvoa.

Plazos de implementación del canal de denuncias

En su exposición, Laura Casal detalló quiénes están obligados a implantar estos canales de denuncia, quién tiene la consideración de informante según esta ley, qué se puede denunciar a través de este canal, así como el procedimiento de gestión de las denuncias.

Están obligadas personas físicas o jurídicas con empresas de 50 o más trabajadores, empresas del sector financiero o personas jurídicas que, aunque no tengan domicilio en España, desarrollen actividades mediante sucursales o agentes sin domicilio permanente, partidos políticos, sindicatos, patronales o fundaciones creadas por los mismos que reciban fondos públicos o grupos de sociedades. Casal también abordó los plazos de implementación y las sanciones, entre los primeros destacó que con carácter general es de tres meses tras la entrada en vigor de la ley, esto es, la fecha límite es el 13 de julio de este año, con la excepción para empresas entre 50 y 249 empleados, que tendrán hasta el 1 de diciembre del presente año.  

Entre las sanciones que contempla la ley de whistleblowing para el incumplimiento de esta obligación están la multa de hasta un millón de euros, la prohibición de obtener subvenciones o beneficios fiscales, prohibición de contratar con el sector público, y la publicación de la sanción en el BOE.

Entre los beneficios de la implantación de estos canales de denuncias Casal destacó, además del cumplimiento normativo y la prevención de sanciones; el autoconocimiento, la promoción de una cultura empresarial ética, la prevención de infracciones y el ejercicio eficaz del derecho de defensa.

La directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh también hizo especial hincapié en la creciente importancia que tienen para las empresas contar con un programa de compliance o cumplimiento normativo penal, modelos de control y gestión de delitos que las personas jurídicas implementan con el fin de prevenir, detectar y corregir posibles riesgos penales.

En la actualidad es preceptivo contar con este tipo de programas para acceder a determinadas subvenciones o ayudas públicas financiadas con Fondos Europeos NextGen, como por ejemplo el Kit Digital, las instalaciones de autoconsumo, etc. También se está exigiendo su tenencia cuando de contratar con entidades y organizaciones del sector público se trata, o cuando se aplica en procesos de homologación de proveedores o clientes.

A la finalización del encuentro, Laura Casal enumeró alguno de los servicios prestados por MatErh, entre los que se encuentran su Canal Ético de Denuncias Online y sus servicios de consultoría para implementar programas de Compliance en las empresas.

El objetivo de estos encuentros es mantener informado al colectivo empresarial de Ourense de todas aquellas novedades y cuestiones que afectan a su actividad, como el entorno regulatorio, con el fin de adaptarse a los nuevos requerimientos normativos de manera satisfactoria y evitar sanciones innecesarias.