Más allá de las diferentes posiciones ideológicas en torno a la gestión pública o privada de los diferentes servicios públicos locales, el objetivo de esta sesión era analizar las diferentes opciones desde diversas perspectivas.

En primer lugar, analizar hasta qué punto es posible desde el punto de vista jurídico el denominado proceso de “remunicipalización” de los servicios públicos locales, y cuáles son, en su caso, los límites jurídicos. En segundo lugar, analizar desde una perspectiva económica ambos modelos de gestión, a partir de los diferentes estudios existentes y de las diversas experiencias actuales. Finalmente, abrir un debate sobre la posible remunicipalización del servicio de agua, desde la perspectiva privada, pública y de eficiencia en la gestión.

El profesor de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, Javier Ferreiras, ha sido el responsable de dibujar el marco legislativo en el que se debe situar este debate. Ferreiras ha dejado claro que es imprescindible apartar el elemento ideológico. Es absurdo, ha dicho, y puso como ejemplo el municipio de Sanxenxo, gobernado por el PP y donde los servicios públicos están gestionados por el concello y el caso de Pontevedra, gobernado por el BNG y donde gran parte de los servicios cuentan con la gestión externalizada.

El término remunicipalización significa cambiar el modo en que se gestionan los servicios urbanos de agua, esto es, sustituir la gestión indirecta (a través de concesiones o empresas de capital mixto) por una gestión directa llevada a cabo por los servicios municipales o por empresas de capital totalmente público.

Para el profesor de la Universidad de Zaragoza, Fernando Arbués, para poder decidir con criterio si es oportuno o no afrontar la remunicipalización de los servicios locales en general y del ciclo del agua en particular, es imprescindible conceder todo el protagonismo a los aspectos “tangibles” del proceso, que son los que determinarán si el cambio de un modelo a otro, además de viable resulta beneficioso económica y socialmente. Porque el cambio en la forma de gestionar los servicios locales ni es un proceso homogéneo que pueda realizarse de modo automático siguiendo procedimientos ni es un proceso gratuito sino que lleva aparejados unos costes que no pueden pasarse por alto.

La profesora de Economía y vicerrectora de la Universidad de Barcelona, Amelia Díaz, también es partidaria de apartar del debate posturas políticas e ideológicas y realizar un análisis de las variables de carácter económico, capacidad de gestión de los municipios, control por parte de los municipios de la gestión que realizan las empresas concesionarias. La catedrática  ha recalcado que los diferentes estudios muestran que, a priori, no puede afirmarse que una forma de gestión sea más eficiente que la otra ni que tenga una influencia directa sobre los precios. Es necesario, por tanto, analizar de forma rigurosa el coste de cambiar de una modalidad a la otra.