Fundación Inade analiza las responsabilidades relacionadas con el coronavirus
El covid endurece las pólizas de consejeros y directivos
En este primer Foro Inade virtual de 2021 participaron como ponentes José Antonio Badillo Arias, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Alcalá de Henares de Madrid; Iván González Barrios, abogado en González Barrios Abogados; Eduardo Asensi Pallarés, partner de DAC BEACHCROFT; y José María Elguero Merino, director de Grandes Cuentas y Riesgos Financieros de MARCH RS. El encargado de moderar el debate entorno a “Las responsabilidades derivadas de la covid-19” fue Adolfo Campos Carballo, director de Fundación Inade.
Para comprender las diferentes situaciones en las que puede surgir una responsabilidad derivada del covid-19, la sesión se organizó en tres bloques, el primero de los cuales estuvo dedicado a la responsabilidad en el ámbito de la administración pública y su aseguramiento. Existen muchas dudas sobre en qué supuestos se le podrá reclamar a la Administración Pública una responsabilidad por no haber operado adecuadamente en relación con la gestión de la pandemia.
El moderador de la reunión hizo varias preguntas relativas a esta cuestión, como por ejemplo si “puede imputarse Responsabilidad Civil a las Administraciones Públicas sanitarias por deficiencias en la disponibilidad de medios humanos y técnicos para el tratamiento de pacientes contagiados con el covid-19”. Los expertos sobre esta materia, Eduardo Asensi e Iván González, insistieron en que se tendrán en cuenta dos factores a la hora de decidir si existe responsabilidad o no de la Administración. Por un lado, si la situación era evitable y por otro si era previsible. Como ejemplo pusieron que, quizás en la primera ola fue inevitable a imprevisible, pero que en esta tercera ya se podría haber previsto y evitado el colapso sanitario.
Otro ejemplo que abordaron fue el de las residencias públicas y si existe responsabilidad directa de la Administración. En este sentido los ponentes apuntaron que, si bien es cierto que el primer responsable es el concesionario, pues es él el que no implantó las medidas necesarias, la Administración también podría verse perjudicada pues es ella la que debe velar por el cumplimiento de dichas medidas.
Responsabilidad civil patronal y de los directivos
Una segunda temática abordada en el foro fue la responsabilidad civil patronal. “¿La covid-19 se considera accidente de trabajo o enfermedad profesional?”, preguntó Adolfo Campos. Sobre este tema José Antonio Badillo explicó que ha habido muchos cambios legislativos y que ahora mismo, solo se considera accidente de trabajo de forma directa el contagio de los trabajadores sanitarios que conviven en primera línea con el coronavirus.
El resto de los trabajadores, para reclamar una Responsabilidad Civil del empresario, deberán acreditar la relación causal y la culpabilidad del empresario, “lo que será muy difícil, pues ¿cómo podría acreditar un trabajador que se contagió en el puesto de trabajo y no, por ejemplo, haciendo la compra?”, explicó Badillo.
También debatieron sobre la aplicación del Baremo a los accidentes de trabajo que, según la Fiscalía, debería recargarse al 20 o al 50%. Badillo no está de acuerdo con este criterio y considera que en la práctica solo se aplica cuando hay delito por parte del empresario.
Finalmente, se trató sobre la responsabilidad civil de consejeros y directivos. José María Elguero, director de Grandes Cuentas y Riesgos Financieros de MARCH RS, es experto en las pólizas de consejeros y directivos y explicó a los asistentes cómo se encuentra el mercado en este momento, fuertemente afectado por la llegada del coronavirus. “Las primas de las pólizas de D&O aumentaron muchísimo al comienzo de la pandemia, por el temor de las aseguradoras de que llegasen gran cantidad de reclamaciones. Sin embargo, a día de hoy a penas ha habido reclamaciones. Debemos esperar al verano porque es en ese momento cuando seguramente empiecen a llegar”, explicó Elguero.
El problema con el que se encuentran ahora muchas empresas es que, como consecuencia de la subida de las primas, se vieron obligadas a reducir el límite de sus pólizas y, si llega una reclamación, es probable que este límite no sea suficiente.