La Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas, publicada el pasado mes de septiembre, establece por primera vez la obligatoriedad de que la facturación entre empresas y autónomos se realice de manera electrónica. Para analizar las implicaciones para las pymes de este nuevo marco normativo, la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) ha organizado una jornada informativa en colaboración con la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (CONETIC), e INEO, entidad que representa a las empresas TIC de Galicia. En este foro, celebrado en modalidad online, han intervenido el presidente de la CEC, Antonio Fontenla, así como el presidente de CONETIC, Tomás Castro, y su vicepresidente, Vicente Alciturri.

Con la llamada Ley ‘Crea y Crece’, las empresas están obligadas a facturar electrónicamente a otras empresas o personas autónomas por la prestación de sus servicios, un requisito que ya se exigía en las relaciones entre la administración pública y sus proveedores desde el año 2015 y que ahora se extiende al ámbito privado. Desde la fecha de aprobación del reglamento técnico que desarrollará la norma, para el que acaba de terminar la fase de consulta pública, el plazo de implementación del nuevo sistema es de un año para aquellas empresas cuya facturación anual supere los 8 millones de euros, ampliándose a dos años para el resto. La necesidad de expedir y remitir facturas electrónicas en todas las relaciones comerciales entre empresas y personas autónomas obliga a las firmas del tejido productivo a adaptar en este plazo sus sistemas a los requerimientos técnicos que establezca la ley para poder emitir y recibir facturas en el formato electrónico establecido.

El presidente de la CEC, Antonio Fontenla, afirmó en la apertura del encuentro que “las empresas compartimos el objetivo de lucha contra el fraude fiscal de la Ley ‘Crea y Crece’, con el establecimiento de la facturación electrónica”. “Estamos de acuerdo con optimizar los sistemas de facturación a través de la digitalización, y esperamos que este sistema contribuya también a reducir la morosidad en las operaciones comerciales, garantizar la trazabilidad y el control de pagos, reducir los períodos de cobro y aumentar la liquidez de las empresas, así como al ahorro en costes”, aseguró.

Sin embargo, Fontenla subrayó que “existe cierta inquietud entre las entidades empresariales en los detalles de este desarrollo reglamentario, en cómo se aplicará, y en cómo esta aplicación puede afectar a autónomos y pymes”. “Nos preocupa que dificulte y multiplique tareas de gestión, incremente los costes que ya soportan las empresas y que pueda comprometer datos e información sensible para las empresas si no se establecen los adecuados mecanismos de salvaguarda de los mismos, para lo que se está solicitando una plataforma única de intercambio de facturas electrónicas que sea pública y gratuita”, concretó.

El presidente de CONETIC, Tomás Castro, destacó la labor que viene realizando Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica y sus entidades integradas en los últimos años para contribuir a “una transformación digital de Estado y de futuro que nos beneficie a todos”. En este sentido, CONETIC viene trabajando en el análisis de las implicaciones de la obligación de factura electrónica prevista en la Ley Crea y Crece, “conectando con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, informándonos sobre cómo se va perfilando el reglamento que la desarrolla y contestando a las consultas públicas como sector”. Castro puso de ejemplo lo que se ha hecho en este ámbito en otros países europeos, como Italia y Francia, modelos “de sentido común y que están en línea con lo que espera Europa con esta reglamentación”.

Plataforma pública, gratuita y segura para facturar electrónicamente

En el análisis de las implicaciones de esta nueva normativa, el vicepresidente de CONETIC, Vicente Alciturri, aseguró que es necesario plantear “un proyecto de Estado” para el intercambio de facturas. “El sector tecnológico tiene la responsabilidad de plantear un proyecto consensuado con todas las partes interesadas que dé solución a los requisitos legales y también a los operacionales”, dijo. Y detalló que este proyecto debe recoger los siguientes puntos: que permita el intercambio de facturas con un formato único, con los mismos métodos de entrega de facturas en las plataformas, realizando una única entrega en una sola plataforma pública y gratuita, y que el uso de plataformas de mensajería privada para el intercambio de facturas sea en todo caso voluntario”.

Alciturri puso el foco sobre la plataforma a usar para intercambiar las facturas entre autónomos y empresas. CONETIC propone que sea pública y gratuita, y que además garantice que la información que se obliga a entregar tenga el mayor nivel de protección. “El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital plantea que las empresas españolas se intercambien las facturas electrónicas a través de plataformas privadas de pago y con entrega de los datos de la facturación emitida y recibida en abierto”, explicó. “De momento, no plantea la alternativa de una conexión directa con ERPs a un sistema central público y gratuito como se hace actualmente con plataformas que ya funcionan el España como FACE –para la facturación a la Administración– y FACEB2B o SII, y como recoge también el modelo italiano”.

En este sentido, los representantes de CONETIC admitieron su preocupación ante un desarrollo reglamentario que pueda contemplar que pymes y autónomos tengan que utilizar plataformas de mensajería privadas y paguen por ello. Según CONETIC, este modelo supondría no sólo un incremento de sus costes, sino que además implicaría el riesgo de que los datos de cada factura, y los datos de facturación y fiscales, estén en manos de terceros, con el consiguiente peligro de fugas de información a la competencia. “El uso de plataformas de mensajería privadas implica costes y exposición de toda la información”, recalcó el vicepresidente de CONETIC. “La soberanía que tiene cada empresa sobre los datos de sus facturas debe garantizarse”, insistió.

Además, desde CONETIC reclamaron que si los autónomos y empresas están obligados a entregar las facturas que expiden y reciben, con el detalle de su contenido, además de hacerlo en una plataforma pública y gratuita, se debería suprimir la obligatoriedad de comunicar los reportes fiscales a la Agencia Tributaria, porque ya dispondría de la toda la información, un aspecto que supondría ahorro de costes operativos al eliminar la duplicidad de tareas de gestión.

Disponer de una solución de facturación electrónica integrada y gratuita en España permitiría a las empresas mejorar su gestión y simplificar sus procesos. “Las organizaciones privadas tenemos en juego un ahorro operativo de 4.000 millones de euros al año en la emisión y recepción de facturas electrónicas”, aseguró.